Hacinados, contagiados de covid-19 y con constantes violaciones a los derechos humanos, fueron las condiciones en las que dejó el ahora exdirector del Centro de Reinserción Social (Cereso) “San Miguel”, Jaime Mendoza Bon, durante su administración en la cárcel estatal.

Durante su conferencia de prensa del pasado 25 de enero, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que su administración cambió al director de “San Miguel”, Jaime Mendoza Bon, por una mujer de la no refirió su nombre, a causa del hallazgo del bebé Tadeo, en la basura del centro penitenciario.

Mendoza Bon duró poco al frente del Cereso de San Miguel, al llegar de reemplazo de su antecesor, Jorge Gómez Torres, detenido en junio del 2021 por la fuga de Felipe Hernández Tlatelpa, alias “El Pirulí”, sentenciado por homicidio, pero días posteriores lograron su recaptura.

Malas condiciones en San Miguel

Uno de los problemas que heredó la nueva responsable de la cárcel capitalina fue la sobrepoblación, pues al corte de noviembre del 2021 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal confirmó que se tienen a 4 mil 864 internos, cuando la capacidad es para 2 mil 397 personas.

Las condiciones de hacinamiento no fueron el único problema, pues en 2021 la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla contabilizó que se reportaron 54 contagios de covid-19, por lo que concentraron casi al 66 por ciento de los 82 enfermos positivos en todas las cárceles de la entidad.

También la CDH de Puebla confirmó en su Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2021 que San Miguel apenas contó con las condiciones mínimas para una estancia digna de la población privada de su libertad, al visitarlos y darles una calificación de 6.6 de 10 puntos alcanzables.

Entre las causas que derivaron en la calificación a San Miguel destaca que detectaron que en el área de varones estuvieron en malas condiciones regaderas y teléfonos fijos, mientras que en el espacio femenil documentaron que la sobrepoblación impide que todas puedan trabajar.

A través de una solicitud de acceso a la información pública, el organismo confirmó que entre enero y agosto del 2021 recibieron 47 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos en contra de internos de San Miguel, entre las que destacan golpizas a los internos, incomunicarlos o privarlos de servicios de salud.

Maltratos y negligencia en la cárcel

Destaca que entre los testimonios por los que denunciaron el trato de San Miguel se reportaron golpizas, como el caso de Francisco Ismael Lira Cortez, golpeado al momento de su detención, lo que le causó una lesión en su pie izquierdo, pero no recibe la atención médica adecuada y tiene riesgos de perder su extremidad.

Otro caso fue el del interno de San Miguel, Leonel Zaragoza Gálvez, al señalar que fue víctima de tortura y lo mantuvieron incomunicado. También en febrero del 2021 inició la CDH un procedimiento por notas periodísticas en las que se denunció que golpeaban a la población carcelería por no pagar por protección.

También las personas privadas de la libertad denunciaron omisiones para recibir atención médica; un caso es el de una persona a la que diagnosticaron con covid-19, pero no le brindaron ningún medicamento, a la par que la encerraron con otros dos internos y dos menores edad que no estaban enfermos.