Más del 19 por ciento incrementaron en el segundo año de la pandemia por COVID-19 las investigaciones por incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar, relacionadas con la entrega de pensiones alimenticias, cuyos principales registros se reportaron en la zona Metropolitana de Puebla.

Los registros de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que entre enero y octubre de este año iniciaron 255 indagatorias por los incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar, lo que superó a los 214 casos del mismo periodo de 2020.

El pasado 25 de noviembre, la diputada local de Puebla, Guadalupe Yamak Taja, presentó una iniciativa de Reforma al Código Civil del estado, para que impida a los deudores contraer un nuevo matrimonio por negarse a cubrir sus adeudos.

Ahora, el artículo 354 del Código Penal del Estado de Puebla advierte que las sanciones de aquellas personas que incumplan con su obligación alimentaria se les puede aplicar una pena de tres meses hasta 2 años de cárcel o ponerse al corriente con sus adeudos.

¿Dónde denunciaron más?

También las estimaciones del SESNSP detallan que en la entidad el municipio que concentran la mayoría de los casos fue la capital poblana, con 111 de las indagatorias iniciadas, en comparación con los 55 casos ocurridos en los mismos meses del 2020, arroja que incrementaron casi en 102 por ciento.

Otro de los municipios que resalta por sus registros es San Andrés Cholula, tras finalizar enero y octubre pasados con 17 investigaciones por los incumplimientos a las obligaciones, en contraste con los 15 incidentes del mismo periodo de 2020, indica que incrementaron más del 13 por ciento.

Cuautlancingo fue otro de los municipios que resaltó por sus indagatorias por incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar, al reportarse entre enero y septiembre de este año ocho incidentes, en comparación con los tres casos de los mismos meses del 2020, revela que incrementaron en casi en 167 por ciento.