Ante las “violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad personal y trato digno, por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso” en agravio de Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Fiscal General de la República (FGR), y al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) reabrir el caso para “subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos”.

A través de un comunicado, la CNDH indicó que actualmente la víctima se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 12 en el municipio de Ocampo, Guanajuato, donde incluso, “se le prohibió establecer comunicación con este Organismo Autónomo”.

Por lo que la CNDH, se lee en el comunicado, “ha señalado en reiteradas ocasiones que la persecución y sanción de los delitos debe realizarse siempre en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos, enfatizando la importancia de que las conductas ilícitas de personal al servicio público también sean motivo de investigación y sanción para evitar la impunidad”.

Hizo saber que hace siete meses, Aburto interpuso una queja en que señaló que “desde hace 27 años ha denunciado ante esta Comisión actos de tortura reiterada y continuamente, puntualizando que, desde el 31 de agosto de 1994, existe en la FGR una investigación por esos hechos, agregando que reclama la reapertura de su caso para que se dé a conocer la verdad a toda la sociedad”.

La CNDH aclaró en el comunicado que en esta nueva etapa, “no se puede omitir la mención de su responsabilidad, toda vez que, prácticamente desde que tuvieron lugar los hechos, en abril de 1994, este Organismo Nacional tuvo posibilidad de actuar para proteger los derechos humanos de la víctima y sus familiares e incluso, garantizar una investigación y un proceso justo y apegado a Derecho, lo cual no ocurrió”.

Con base en una investigación, la CNDH  determinó que “existen elementos de entonces la Policía Judicial Federal adscritos a la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, así como los Agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron tanto en la detención como en las primeras diligencias ministeriales y en el traslado de la víctima a las instalaciones del CEFERESO número 1, incurrieron en actos de tortura en su contra y los médicos que intervinieron en los hechos actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos”.

Además, precisó que “personal médico y custodios de dicho centro de reclusión incurrieron en actos de tortura” contra Mario Aburto. Y la  OADPRS los “incomunicó” y ha mantenido en centros de reclusión alejados de donde radica su familia. “Lo que constituye una violación a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno”.

La CNDH indicó que la recomendación la remitiría a la Cámara de Diputados, a efecto de que sea agregada a la investigación que realiza la Comisión de la Verdad creada para esclarecer los hechos y, en su momento esa soberanía determine lo que a Derecho corresponda, remitiendo a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten su cumplimiento.

Mario Aburto fue detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, al finalizar un evento de proselitismo político en el que un candidato a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, fue herido por disparos de arma de fuego, falleciendo horas más tarde.