Diputados del PAN, PRI, MC y PRD presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual creó los llamados “superdelegados” y dio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de planear la política en materia de contrataciones públicas y la consolidación de los procedimientos de compra de bienes y servicios
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