La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó que al menos dos líderes de la Normal de Ayotzinapa tenían vínculos con la delincuencia organizada cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014; y que las motivaciones de los normalistas para acudir a Iguala, en donde fueron atacados y desaparecidos, no respondían a una lucha social. Es decir, que los ataques perpetrados fueron provocados por la misma dirigencia estudiantil de la Normal. 

El máximo órgano para la protección y defensa de derechos humanos en México llegó a estas conclusiones basado en confesiones de procesados que se obtuvieron presuntamente bajo tortura —según concluyeron organismos internacionales—, testimonios no verificables e, incluso, elementos no relacionados con los líderes estudiantiles.

Esta recomendación que emitió la CNDH en noviembre pasado sobre el caso Ayotzinapa deberá revisarse en la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia que se instala este 15 de enero; los padres de los 43 normalistas desaparecidos acusan que criminaliza a los jóvenes, pues no estuvo orientada a esclarecer las violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas. 

Animal Político presenta un resumen de las evidencias que utilizó la CNDH para acusar vínculos entre los 43 normalistas y el crimen organizado:

¿Normalista y capo?

Según la versión de la CNDH, desde antes de los ataques de septiembre de 2014 contra los estudiantes, la Normal de Ayotzinapa ya estaba infiltrada por dos grupos de narcomenudistas que operaban con permiso del Comité de Base Estudiantil (autoridad de facto en la escuela, incluso por encima de los directivos formales).

David Flores Maldonado, conocido entre la comunidad escolar como Parka, ocupaba el cargo de “secretario general” del Comité de Base, es decir, el más alto puesto de la estructura estudiantil.

Para asegurar que David Flores Maldonado era miembro de un grupo de delictivo, la CNDH se basa en las supuestas palabras expresadas por otro normalista, al que identifica como “Carrilla”, y al que personal de Derechos Humanos supuestamente entrevistó en abril de 2017, es decir, dos años y siete meses después de los hechos.

Según la CNDH, el estudiante Carrilla afirmó que “aproximadamente 70% de la población estudiantil de la Normal se drogaba, ya sea con marihuana o con cocaína”, situación ante la que “algunos integrantes del Comité de la Base Estudiantil pretendieron poner remedio”, pero los vendedores de droga y los consumidores “iban a quejarse con su amigo, el secretario general del Comité Estudiantil, identificado por todos como La Parka, quien, más allá de resolver el problema, toleraba esta situación y consentía que en la escuela se distribuyera, vendiera y consumiera droga”.

Aunque la CNDH presenta estas afirmaciones como si fueran el testimonio del normalista Carrilla, en realidad  se trata del testimonio de los dos funcionarios que dijeron haber hablado con él.

La CNDH no incluye en la recomendación sobre el caso Iguala la transcripción de la entrevista con ese estudiante, por lo que no es posible verificar qué dijo exactamente.

En su lugar, se presenta un documento redactado por personal de la CNDH, en el que supuestamente se resumen las palabras del normalista.

El documento no cuenta con la firma del supuesto testimoniante, sino sólo la de los dos servidores públicos que lo redactaron.

En ese documento elaborado por la CNDH se afirma que, en 2014, Carrilla encabezaba la “Cartera de Orden del Comité de Base Estudiantil” de Ayotzinapa, y que, en ese cargo, tenía la facultad de aplicar el “código de disciplina”, que estipulaba la expulsión de todo alumno que consumiera alcohol, drogas o que agrediera físicamente a otro compañero.

Así, según la CNDH, Carrilla “tenía facultades hasta para expulsar a los Secretarios (del Comité de Base Estudiantil) si fuera necesario”. Es decir, este normalista era el responsable de proceder en contra de los líderes que supuestamente permitían el narcomenudeo en la escuela, pero no hay evidencias de que lo hiciera o, al menos, que lo intentara, tanto como no hay evidencias del supuesto narcomenudeo.

El documento redactado por el personal de la CNDH no aclara por qué este normalista no expulsó a David Flores Maldonado por su supuesta protección a narcomenudistas, aún teniendo esa obligación, y la CNDH no se lo preguntó.

La recomendación de la CNDH, de hecho, no menciona que este organismo haya realizado ninguna labor orientada a verificar esta acusación, simplemente la da por cierta.

Fuente: Animal Político