Antes de la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el salario mínimo era utilizado como unidad de referencia para el pago de multas, sanciones, créditos, prestaciones, entre otros trámites más, lo que evitaba que se pudiera discutir sobre posibles ajustes al alza, debido a los efectos inflacionarios que se podrían provocar.
A partir del 28 de enero de 2016, la iniciativa para la desindexación del salario mínimo fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que desde esa fecha, los trámites vinculados a esta unidad de referencia cada vez fueron menores.
De acuerdo con el contador público José Manuel Céspedes, actualmente, el último eslabón que utiliza al salario mínimo como punto de referencia es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que lo sigue utilizando como base para el cálculo del Salario Diario Integrado (SDI).
“El SDI representa el salario diario más todas las prestaciones que la ley puede o no obligar, como lo son los 15 días de aguinaldo y los seis días de vacaciones por el primer año de trabajo”, dijo.
El especialista contable señaló que al utilizar como referencia el nuevo salario mínimo de 102.68 pesos, el IMSS tendrá que multiplicar por un factor de 1.0452 (número que incluye las prestaciones laborales), lo que arroja un SDI de 107.32 pesos mexicanos.
Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, dio a conocer que a partir del próximo 1 de enero de 2019, el salario mínimo se incrementará en 16 por ciento, al pasar de 88.36 pesos a 102.68 pesos, mientras que en los estados fronterizos el salario ascenderá a los 176.72 pesos.
“Este será el principal impacto, no tanto las multas o los créditos, ya que para ese fin ya se toma en cuenta la UMA, lo que significa que el salario mínimo ya se encuentra desvinculado de este tipo de trámites”, añadió el contador público.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.
Miguel González Ibarra, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas (CEFI) de la UNAM, prevé que el incremento al salario mínimo le terminará pegando a las finanzas públicas, a las empresas y a las percepciones de los trabajadores.
Fuente: El Financiero
