El senador Manuel Velasco Coello aseguró no tener ningún conflicto si el Congreso de Chiapas deroga el decreto 223, mediante el cual la administración estatal le asigna escoltas hasta por un periodo de 15 años.

Velasco Coello aseguró al diario El Universal “no me traje ningún escolta” a la Ciudad de México y detalló que el decreto, que existe en la entidad desde 2009 y, en 2017 se amplió, a nivel nacional también existe seguridad para el fiscal o procurador.

El chiapaneco terminó su administración como gobernador  el pasado 8 de diciembre, sin embargo, bajo el alegato de “por los servicios prestados al Estado”, el exgobernador justificó la medida de protección que dispone desde el término de su mandato.

En el decreto 223, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de julio de 2017, beneficia de igual forma al titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de la Función Pública.

La misión de la seguridad de los exfuncionarios está a cargo de la policía, sin embargo el documento no define el número de elementos y sólo menciona que “serán los necesarios”.

El pago de la seguridad para los extitulares corre a cargo de la Secretaría de Hacienda estatal, ya que, de acuerdo con el documento en su artículo segundo transitorio enuncia que dicha dependencia, “deberá considerar en su propuesta del Presupuesto de Egresos de cada año una partida donde se asignen recursos para este concepto”.

El ordenamiento justifica el dispositivo de seguridad para los ex servidores públicos por “la responsabilidad que representa la titularidad del Poder Ejecutivo, del fiscal General de Justicia del estado y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana”.