Entrega de dinero sin calendarios ni controles, nula supervisión de obras y beneficiarios, subejercicios o sobreejercicios sin explicación lógica, informes incompletos o contradictorios, sistemas de seguimiento que nunca se pusieron en marcha, cifras que no cuadran…

Son algunos ejemplos del cúmulo de irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la ejecución en 2019 del Programa Nacional de Reconstrucción tras los sismos de 2017 y 2018, y para el cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contó con un presupuesto que ascendió a los 8 mil millones de pesos.

El dinero estaba destinado para la reparación integral de viviendas, escuelas, hospitales y hasta monumentos históricos dañados o destruidos por los sismos, sin embargo, la pésima ejecución del programa denunciada por los auditores impidió, siquiera, conocer de forma confiable en que medida se ha avanzado y si ha habido un beneficio o no para los afectados.

En la base de las fallas está la nueva administración de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), ya que es la instancia a la que correspondía la correcta coordinación y seguimiento de los distintos entes y dependencias responsables de ejecutar los recursos del programa. De hecho, solo por esa coordinación la SEDATU ejerció un presupuesto de mas de 370 millones, pero su desempeño fue negativo, según la ASF.

“El desempeño de la SEDATU presentó deficiencias estratégicas y operativas como instancia coordinadora, lo que implicó que no acreditará la evidencia que posibilitara tener la certeza de la atención de los 37 mil 218 bienes identificados como afectados, ni de su avance físico y financiero y, por tanto, garantizar que la aplicación de los recursos económicos asignados al programa de reconstrucción se administraran cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia y economía”, concluyeron los auditores.

La ASF evaluó a través de siete auditorías de desempeño las distintas vertientes que cubre el Programa Nacional de Reconstrucción. La conclusión unánime en todas es que el trabajo fue opaco, descontrolado y en términos generales deficiente. A continuación, Animal Político presenta el resumen de los resultados en las tres principales áreas de cobertura:

VIVIENDA: COBERTURA CORTA Y DUDOSA

En 2019 se destinaron 5 mil 240 millones de pesos para la atención de las viviendas afectadas por los sismos. La ejecución estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). El objetivo era apoyar en la reconstrucción o reparación de 180 mil 545 viviendas en más de una decena de entidades, situación que estuvo lejos de cumplirse.

De entrada, los auditores detectaron que no hay evidencia documental que permita realmente identificar con precisión el universo completo de las viviendas a atender, ni un plan general para llevarlo a cabo. Al final, se reportó solo identificación y entrega de 36 mil 495 subsidios, casi la quinta parte del universo objetivos.

Pero ni la atención y seguimiento de lo que sí se entregó se realizó de manera adecuada pues la carencia de controles y procedimientos rigurosos ocurrió desde el momento mismo de entregar el dinero, de lo que no hay constancia. A partir de ahí se puso en riesgo la cobertura completa del programa.

“Aunque la CONAVI informó que se ministraron los recursos no se acreditó su entrega ni la documentación que lo sustente, tampoco comprobó contar con una calendarización para la ejecución de los subsidios que sirviera como una base para el control en la ejecución de los recursos del programa para el mejor cumplimiento de sus objetivos, sin que justificara las causas de esas deficiencias”, indica el informe de los auditores.

Aunado a ello se identificaron discrepancias entre distintos registros internos entregados por la entidad responsable de la ejecución, algunos de ellos basados mas en estimaciones que en un seguimiento real en terreno, así como carencias de una metodología adecuada y un diseño del programa solido. Desde el punto de vista de los auditores, eso le resta confiabilidad a los datos aportados.

“Al carecer de la evidencia documental no acreditó en qué medida esas personas afectadas tuvieron acceso a viviendas habitables, seguras estructuralmente y adecuadas, conforme a los objetivos del programa, lo cual representó un riesgo de que el programa no repercutiera en la atención de los afectados por esos desastres naturales”, concluyó la ASF.

ESCUELAS: MÁS GASTO Y… ¡MENOS COBERTURA!

En la atención de escuelas afectadas por los sismos los auditores encontraron algunas de las deficiencias más graves. La responsable operativa fue la Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED). El objetivo era apoyar en la reparación de 736 planteles dañados ejerciendo un presupuesto de 800 millones de pesos.

Lo que los auditores encontraron fue diametralmente distinto. El INIFED terminó gastando un presupuesto 50 por ciento mayor al programado llegando a los 1 mil 230 millones de pesos pero que solo se tradujeron en la entrega de subsidios para 296 plateles afectados, menos de la mitad de los beneficiarios que debían cubrirse.

Detrás de todo esto hay un cúmulo de distintas fallas y omisiones. Por ejemplo, los subsidios fueron registrados de forma tan deficiente que en el 30 por ciento de ellos resultó imposible determinar la ubicación del plantel educativo que supuestamente fue beneficiado según los registros.

Al igual que en el caso de las viviendas existe una sistemática falta de calendarización para la entrega de los subsidios, y hay un pobre seguimiento mensual del avance en la ejecución de los proyectos. Las inconsistencias fueron constantes a lo largo de todo 2019 al punto en que hoy resulta complejo generar al menos un esquema confiable de verificación en el terreno de los trabajos reportados.

“En opinión de la ASF, el ejercicio de los recursos y la operación, en 2019, del Programa Nacional de Reconstrucción para la entrega de subsidios con el propósito de atender la infraestructura física educativa afectada por los sismos de 2017 y 2018 se realizó de manera deficiente, desarticulada y con el mínimo control y seguimiento de sus actividades”, concluye el informe de resultados de los auditores.

HOSPITALES: DOS AÑOS Y MUY POCO

La meta en 2019 se centró en atender 109 centros de salud en el país afectados de manera considerable por los sismos ocurridos dos años antes, para lo cual se presupuestaron 800 millones de pesos del programa que se asignaron a la Secretaría de Salud Federal.

Lo que los auditores encontraron, otra vez, fue una ejecución del programa que se quedó corta y que además es dudosa.

El informe de resultados arroja que, del universo de centros de salud a atender, solo se entregaron los subsidios correspondientes a 81 hospitales y clínicas, es decir al 77 por ciento del total de los que se habían programado atender, quedando fuera la quinta parte de ellos. Pero, además, tampoco hay evidencia documental suficiente para sostener que los que sí fueron atendidos realmente recibieron los apoyos completos.

“Durante la revisión, se detectaron deficiencias en los procesos de programación, ejecución y seguimiento, lo que no otorgó certeza respecto del avance en la rehabilitación de la infraestructura en salud afectada, ni del restablecimiento de los servicios médicos a la población afectada, lo que ocasionó que, a dos años de los sismos ocurridos en el país, los derechos de la población que sería apoyada continúan restringidos”, señalaron los auditores.

La asignación del dinero presenta graves inconsistencias, Salud firmó convenios para la distribución de 397 millones de pesos en los centros afectados, pero luego reportó la transferencia de 467 millones, sin que haya explicación del porque de la diferencia entre lo convenido y lo ministrado. Y en cualquier caso se trata de un subejercicio del presupuesto total programado.

Todo lo anterior sumado a omisiones administrativas como la habitual falta de seguimiento y verificación adecuada llevan a concluir, según la ASF, un funcionamiento “desarticulado del programa”, y en general un ejercicio “deficiente, inercial y con el mínimo control y seguimiento de sus actividades”.

MONUMENTOS: EN 12 AÑOS TERMINAN

Los sismos de 2017 y 2018 ocasionaron afectaciones de distinta gravedad a 2 mil 430 monumentos históricos y sitios arqueológicos en once estados. En 2019 se presupuestaron, como parte del Programa Nacional de Reconstrucción, un total de 800 millones de pesos para atender un mínimo de 1 mil 137 monumentos del universo de los afectados. La operación quedó a cargo de la Secretaría de Cultura.

Como fue el común denominador en otros casos, los auditores encontraron una ejecución con múltiples inconsistencias. Por ejemplo, Cultura recibió 669 solicitudes formales para acceder a los subsidios, de las cuales solo 54 se presentaron con los lineamientos completos establecidos en la convocatoria. Pese a ello la dependencia reportó la entrega de recursos para el apoyo de 206 bienes.

La entrega del dinero se hizo sin definir parámetros sobre montos mínimos o máximos, es decir, de forma totalmente discrecional. No hubo seguimientos adecuados, ni controles, ni verificaciones. Los auditores solo recibieron soporte documental de 175 de los bienes apoyados.

Aun con todo el desorden y los controles mínimos la cobertura se quedó muy lejos de los programado. La ASF subraya que los 206 bienes apoyados representan una “cobertura marginal” respecto al universo de 1 mil 137 que debieron haberse atendido y restaurado.

Peor aun es que de los 206 proyectos apoyados solo se concluyeron los trabajos al cierre de la auditoría en 101 casos. A ese ritmo, indican los auditores, se necesitarían por lo menos doce años más para concluir la restauración del patrimonio cultural e histórico afectado por los sismos de 2017 y 2018.

Aunque no forma parte del programa, la ASF también reviso la gestión que hizo e Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la atención de 134 monumentos afectados por los sismos, intervenciones que constaron 117.5 millones de pesos de recursos que en este caso provinieron del FONDEN.

El resultado, para mal, fue el mismo: ausencia de documentos que amparen la entrega adecuada del dinero y de mecanismos para un correcto seguimiento de los trabajos que deberían de haberse llevado a cabo, lo que en suma impide acreditar que realmente haya avances en la restauración de patrimonio cultural aun cuando el dinero se gasta en gran cantidad.