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Alertan que SCJN avalaría minera que afecta a indígenas en Cuetzalan

Por  Staff Puebla On Line | Publicado el 26-05-2020

El pueblo maseual logró en 2018 un amparo contra tres concesiones mineras en etapa de exploración en Cuetzalan, Puebla, otorgadas en 2007, 2008 y 2011 a la compañía mexicana Minera Autlán, de José Antonio Rivero Larrea. Pero en mayo, cuando celebran rituales a sus manantiales, el recurso estuvo en riesgo por un proyecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que propuso desvincular la Ley Minera (1992) de sus derechos indígenas, por lo que no bajarán la guardia.

“Es un momento muy difícil también por la contingencia. Nosotros exigimos que se reconozcan y garanticen los derechos de los pueblos indígenas, y que la SCJN señale la inconstitucionalidad de la Ley Minera para que dé pie a que más instituciones gubernamentales se sumen a una propuesta de Ley bien elaborada”, dijo Ofelio Hernández, oriundo de Cuetzalan, en el marco de la reapertura durante esta pandemia de la actividad minera que aporta un 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional (PIB).

En México, ya sea con proyectos de energías renovables (eólicas) o extractivos (minas), las violaciones a los derechos de los pueblos persisten con el paso de sexenios. En el caso de la minería, el 35 por ciento del territorio nacional se encuentra concesionado a empresas mineras, lo que ha generado diversos conflictos socioambientales como el despojo, acusa el Consejo Maseual Altepetajpianij compuesto por 30 representantes de los tres municipios afectados con asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Desde la Ley Minera de 1992 van más de 27 mil concesiones de las cuales solo 3 mil operan, según la Cámara Minera de México.

En marzo del 2015, el pueblo ubicado en la Sierra Norte de Puebla presentó una demanda de amparo alegando la inconstitucionalidad de la Ley Minera, así como la violación de sus derechos a la autodeterminación y al control de los recursos naturales por la entrega de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, ubicadas en los municipios de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso, en especial por la falta de consulta previa, libre e informada tanto en la expedición de la Ley como en el otorgamiento de las concesiones. Se presentaron peritajes en antropología, impacto ambiental y topografía y agrimensura. En septiembre de 2018 se otorgó el recurso solo respecto a las concesiones en etapa aún de toma de muestras.

“La actividad minera conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes, que transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico (subterráneo y superficial), calidad del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento, de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depósitos de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire, ruido y modificación de la topografía y del paisaje”, reconoció la Jueza del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales Pueblas. Ordenó a la Secretaría de Economía del Gobierno pasado tanto dejar sin efectos las tres concesiones mineras como realizar la consulta indígena.

Pero, acusó Ofelio, la resolución “ya no es adecuada” porque desde un inicio se violó su derecho a la autodeterminación. Y al estar interconectado el aire, el subsuelo y el entorno, la afectación es de un todo. “En Cuetzalan, a pesar de que está solo en el 10 por ciento de las concesiones, es territorio alto y tiene escurrimientos, manantiales y ríos subterráneos. Nuestra lucha fue considerando que si la minería a cielo abierto se practica en esos cerros, toda el agua estaría contaminándose, envenenaría a las personas y destruiría los circuitos de mantos freáticos, lo que implica una amenaza muy fuerte”, expuso en entrevista. “Al desaparecer los mantos nos quitarían nuestros puntos de comunidad; valoramos mucho que en un manantial se encuentran las personas mayores y las mujeres para transmitir conocimiento entre generaciones”.

El proceso de litigio –acordado desde una asamblea en 2014 por más de 3 mil habitantes del pueblo maseual– busca solidarizarse y sumar esfuerzos a la lucha de los pueblos indígenas para poner fin a la violencia estructural, por lo que exigen que sea un precedente que sirva para otros casos de pueblos y comunidades indígenas que han decidido acudir a tribunales a reclamar sus derechos que les han sido violados por la imposición de proyectos mineros en sus territorios.

“Como muchos pueblos originarios y grupos equiparables, buscamos una Vida Buena (Yeknemilis, como decimos en la lengua maseual) y no podemos estar bien sino tenemos una paz social en nuestros territorios, y los proyectos extractivos como la minería destructiva nos agreden directamente a nuestra forma de ser y estar con el entorno”, aseguraron los maseualmej en un comunicado.

EL PROYECTO DEL MINISTRO LAYNEZ

Hace unos días el Ministro Javier Laynez Potisek presentó un proyecto de resolución en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el recurso de revisión de los pobladores de Cuetzalan (928/2019) sobre la constitucionalidad de la Ley Minera.

El Ministro afirmó que “el contenido de la Ley no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados”, a pesar de que en juzgados federales en Guerrero, Puebla, Oaxaca y San Luis Potosí se ha concluido que el otorgamiento de concesiones mineras en territorios indígenas ha sido inconstitucional por no garantizarles su derecho a la consulta previa, libre e informada por los impactos a sus derechos al agua, ambiente, territorio y autodeterminación.

“La Ley Minera representa el instrumento que posibilita la expedición de títulos de concesión con los que se despoja a los pueblos y comunidades indígenas sus territorios. El proyecto erosiona el Estado pluricultural en México”, acusaron el Consejo Maseual Altepetajpianij, Consejo Tiyat Tlali, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC) y el Environmental Defender Law Center (EDLC).

A pesar de no tener acceso a una audiencia por la COVID-19, ante la presión de los pobladores y las organizaciones a través de una carta enviada a la SCJN, videos y notas periodísticas, el 14 de mayo el Ministro Laynez Potisek retiró su proyecto de sentencia antes de ser votado. Pero se mantendrán en la resistencia “porque sabemos que en cualquier momento esta propuesta puede ser retomada”.

Fuente: Sinembargo

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