Hasta seis años de cárcel y 46 mil pesos de multa por discriminar y violentar a médicos, enfermeras y camilleros durante la crisis sanitaria de COVID-19 plantea la reforma presentada por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, al Congreso Local, la cual ingresó durante la Comisión Permanente.
Asimismo, en la comisión se exhortó a la Secretaría de Salud a que vigile la correcta expedición de actas de defunción de infectados con coronavirus e impida abusos de funerarias.
La iniciativa del mandatario plantea duplicar las sanciones por discriminación cuando las víctimas sean médicos, cirujanos o enfermeras, ya que actualmente este delito sólo amerita de uno a tres años de prisión de manera general.
