La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que los reclusorios de Tecamachalco y Zacatlán son los que peores condiciones ofrecen a los reos.
Al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 (DNSP), el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que México no podrá superar la situación que enfrente en materia de seguridad y justicia si no revisa y atiende los problemas que enfrenta el sistema penitenciario, ya que los centros de internamiento pueden ser focos o factores que propicien inseguridad, violencia, corrupción e impunidad, de ahí que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dado especial atención a lograr una efectiva reinserción social de quien ha estado privado de la libertad y destacado la necesidad de que se diseñen y desarrollen políticas públicas que promueven la justicia restaurativa.
Reveló que el DNSP se ha convertido en una herramienta que permite medir e identificar deficiencias, áreas de oportunidad y logros mediante la evaluación del Sistema Penitenciario Nacional al presentar las condiciones de internamiento de las personas recluidas y que sean acordes con el respeto a sus derechos fundamentales, y precisó que supervisar tales establecimientos requiere las suma de esfuerzos de los 32 Organismos Públicos de Derechos Humanos para realizar visitas de supervisión, que este año abarcaron a 203 centros, lo que significa el 94% de la población recluida en el país. Dijo que la muestra global, que comprende CERESOS, CEFERESOS y Prisiones Militares abarcó 186,149 personas.
De acuerdo con el DNSP 2019, las deficiencias con mayor incidencia detectadas en centros estatales fueron: autogobierno/cogobierno (33.33%), falta de prevención y atención de incidentes violentos (48%), cobros indebidos (40%), sobrepoblación (33.33%), insuficiencia de personal (72.68%), insuficiencia de actividades laborales y de capacitación (66.84%), deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios (62.84%), deficiente separación entre procesados y sentenciados (55.19%), insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria (51.91%), presencia de actividades ilícitas (40.44%), deficiencia en los servicios de salud (32.79%).
Las instituciones estatales con menor promedio son: Centro de Reinserción Social de Tecamachalco, Puebla, 4.73; Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, 4.91; Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Puebla, 4.94; Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 7 Huixtla, Chiapas, 4.99, y Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo, Guerrero, 5.02.
