La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a diversas instituciones y dependencias federales, así como al Gobierno de Morelos, a quienes formuló un respetuoso llamado para que establezcan mesas de diálogo y negociación en que se pondere y reflexione sobre las condiciones para la realización de la consulta a los integrantes de pueblos originarios y comunidades indígenas que residen en los municipios en que podría operar la planta termoeléctrica del “Proyecto Integral Morelos”, así como para que se realicen los procedimientos previos para que la consulta sea previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, y cuente con los estándares nacionales e internacionales en la materia.  

El gobierno federal ha convocado a 15 municipios de Puebla ha participar en la consulta, pues en estas demarcaciones se introdujo el gasoducto que va de Tlaxcala a Morelos.

De igual manera, la CNDH subraya que no se opone a la realización de los proyectos de desarrollo, siempre y cuando respeten los derechos y prevean no vulnerar las prerrogativas de quienes pudieran resultar afectados por los mismos.   La emisión de tales medidas obedece a que la Secretaría de Energía (SENER), Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el Gobierno del Estado de Morelos, quienes han programado la realización de una consulta pública para los próximos días 23 y 24 de febrero para determinar la viabilidad de la planta termoeléctrica del “Proyecto Integral Morelos”, sin que hasta el momento –de acuerdo con testimonios de los pobladores— se haya otorgado a todas las comunidades la información suficiente y oportuna sobre el impacto que ese Proyecto pudiera representar para la salud, el medio ambiente y las condiciones de vida de esas comunidades.  

Cabe señalar el martes 19 de febrero, integrantes de distintos pueblos originarios de los estados de Tlaxcala, Morelos y Puebla fueron atendidos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde manifestaron que ante la falta de información integral sobre la operatividad y viabilidad del proyecto se ha configurado un clima de hostilidad en las comunidades por la existencia de grupos antagónicos o provocadores y, sobre todo, ante los riesgos inminentes que dicha consulta traería, ya que se pretende avalar la implementación del proyecto sobre un área de origen volcánico y de alta sismicidad.

Los pobladores solicitantes de esta medida cautelar indicaron también que la consulta pretende realizarse sin que hasta el momento se les otorgue información oportuna respecto del impacto del proyecto, mismo que puede representar riesgos a su integridad, salud, medio ambiente y condiciones de vida.

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la situación que prevalece en la zona donde se proyecta operar la planta termoeléctrica del “Proyecto Integral Morelos”, existen elementos suficientes de gravedad, urgencia y daño irreparable, por lo que se deberá salvaguardar la protección de los derechos a la vida, seguridad, e integridad personal, mediante la implementación de medidas cautelares en favor de los miembros de las comunidades indígenas y pueblos originarios donde impactará la construcción de dicha termoeléctrica.  

Cabe precisar que la adopción de las presentes medidas tiene como finalidad coadyuvar de manera preventiva con las autoridades en la solución de una situación de conflicto. Por lo tanto, éstas no implican prejuzgamiento alguno sobre los hechos, sino la posibilidad de brindar elementos que generen acciones que impidan la vulneración de la integridad de las personas, así como de sus derechos colectivos.