Presuntos actos de explotación sexual, torturas y privaciones de la libertad se convirtieron en algunas de las causas por las que se presentaron al menos ocho quejas en contra de las condiciones de los anexos o centros de rehabilitación para las adiciones en Puebla, según datos de la Comisión de Derechos Humanos (CDH)

El pasado 17 de mayo se reportó la muerte de una de las internas del Anexo “Verdad y Vida”, ubicado sobre la Diagonal Defensores de la República, luego de que señalaron que la mujer se ahorcó, por lo que acudieron tanto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como de urgencias.

Las prácticas violentas en contra de adictos de Puebla provocaron que la CDH local atendió seis quejas en 2021, en las que los cercanos a las víctimas denuncian que la Policía Municipal se lo llevaron en contra de su voluntad, casos de tortura y actos privativos de la libertad.

Durante el año pasado se alcanzó uno de sus registros más altos en los últimos cuatro años, pues las otras dos quejas se reportaron tanto en 2017 como 2020, cuando se denunciaron presuntos actos de explotación sexual de mujeres y el supuesto secuestro de una persona que la trasladaron en contra de su voluntad.

Tortura y muerte en anexos

A través de una solicitud de acceso a la información pública, la CDH informa que la queja más reciente se presentó el pasado 22 de octubre, para iniciar una investigación sobre la detención de un encargado de un anexo por presunto homicidio; mientras que un día antes comenzaron otra por el asesinato de un interno en Hueyotlipan.

Otro de los eventos más recientes ocurrió en la capital poblana el pasado 27 de abril, en la que su promovente narra que encerraron a su amigo, Fortino Ramos Ramos, en un anexo en contra de voluntad, en el que es víctima de presuntos actos de tortura, por lo que pidió su intervención.

También el 22 de marzo pasado recibieron de Izúcar de Matamoros una queja, en la que su promovente asegura que Policías Municipales de Tepexco detuvieron a su hijo, pese a que no cometió ninguna falta administrativa, por lo que lo trasladaron hacía un centro de rehabilitación, sin su consentimiento.

Destaca que otra de las quejas se dio el 22 de marzo pasado, sin detallar en cuál municipio se inició, pero el promovente denunció que en un centro de rehabilitación agreden de forma física a los pacientes. El 6 de abril de este año se concluyó el procedimiento, debido a que no lo ratificaron.