Se tiene del conocimiento de aproximadamente cinco mil personas en todo el estado que no están reglamentadas y que por ende pueden cometer fraudes inmobiliarios sin que sean detectados, es decir personas que piden depósitos o anticipos para la renta o venta de casas o departamentos para luego desaparecer con el dinero.

Maricela Rodríguez Pereyra, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (Ampi), destacó que estas personas se hacen pasar por agentes inmobiliarios y su modo operandi es trabajar por medio de redes sociales, puesto que no tienen oficinas ni una estructura legal con la cual operar.

“Ellos no son inmobiliarias, son personas que se dedican a estafar a la gente, pues no pagan impuestos, no tienen oficinas, no están dados de altas, y solo trabajan en redes sociales”, acotó.

Rodríguez Pereyra comentó que este tipo de situaciones no son nuevas, por lo que en 2017 para combatir estas prácticas ilegales se presentó una iniciativa para regular la prestación de servicios inmobiliarios, pero no prosperó.

Ante esto, señaló que ante el cambio de Legislatura en el Congreso del Estado se promoverá la Ley Inmobiliaria, puesto que es necesario reglamentar y normar el mercado para evitar este tipo de problemas que afectan a la sociedad.