Mientras la Fundación Jenkins amaga con presentar denuncias penales por incumplimiento de mandatos judiciales de parte de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del estado de Puebla; el rector interino nombrado por el nuevo patronato, Armando Ríos Piter, alertó que está en riesgo la nómina de la UDLAP por el aseguramiento de cuentas bancarias.

CUENTAS CONGELADAS

El rector interino de la Universidad de las Américas Puebla, Ríos Piter, confirmó que no será posible pagar los sueldos del personal, correspondientes al periodo actual, debido a que las cuentas bancarias de la UDLAP fueron congeladas, luego de los recursos legales promovidos contra el patronato que preside Horacio Magaña.

"El recurso legal que se ha promovido para oponerse a la conformación de un nuevo patronato ha tenido como efecto que, ante la duda jurídica y como medida cautelar, las instituciones bancarias congelaran las cuentas".

Ríos Piter Dijo que a diferencia de la quincena pasada la Dirección de Recursos Humanos no ha entregado la información necesaria para hacer la dispersión del pago de nómina.

Por lo anterior y el congelamiento de las cuentas bancarias no se concretó el pago del personal sindicalizado de la UDLAP correspondiente a la última decena y tampoco se podrá realizar el de la quincena de los trabajadores de confianza, previsto para la siguiente semana.

Ríos Piter explica que será en una audiencia que se ejecutará el próximo jueves, o más tardará cuando los regresen de vacaciones, en la que se aclare la situación con los bancos.

"Estamos trabajando exhaustivamente para encontrar una solución, pues el personal sindicalizado, administrativo y docente, así como sus familias, no deben ser afectados por el conflicto".

DENUNCIAS DE LA FUNDACIÓN

Ante la persistente negativa a cumplir diversos mandatos judiciales federales por parte de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) del Estado de Puebla, la Fundación Mary Street Jenkins presentará denuncias penales contra quienes resulten responsables por diversos delitos federales cometidos en fechas recientes.

Como es de conocimiento público, el pasado 16 de julio la Fundación Mary Street Jenkins obtuvo una suspensión de amparo otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil con sede Puebla, para que el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), su administración y cuentas bancarias sean devueltas de forma inmediata al único patronato legalmente constituido que preside Margarita Jenkins de Landa.

El mandamiento del Poder Judicial de la Federación tiene efectos amplios y demuestra con claridad una serie de violaciones a los derechos humanos, que el Juzgado Federal ha detectado a raíz de la intervención ilegal en el campus de Cholula, en la que participó la Policía Estatal armada.

Además, la JCIAP -que preside José Daniel Vázquez Millán- ha sido responsable de diversos atropellos, como imponer un patronato espurio que, a su vez, nombró de manera ilegítima a Armando Ríos Piter como presunto nuevo Rector de la UDLAP, pasando por alto mandamientos judiciales y estatutos que rigen la vida académica de la Universidad.

La desobediencia reiterada a las suspensiones de amparo, en sí mismas representan conductas ilícitas y distintos delitos federales, que han sido cometidos durante la incursión del pasado 29 de junio en la UDLAP, tales como allanamiento, usurpación de funciones y falsedad en informes previos rendidos ante la autoridad judicial.

Igualmente la fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas, patrocinadas desde el Gobierno del Estado de Puebla, demuestran un clima de persecución que tiene la finalidad de inhibir los efectos de la suspensión para recuperar el campus de la Universidad y evitar, a través de las amenazas, la presencia física de las autoridades universitarias en sus instalaciones, lo que representa un conjunto de irregularidades para apropiarse de un patrimonio privado; por lo que además constituye un despojo con tintes de expropiación de facto que amenaza la certidumbre de los poblanos.

La Fundación Mary Street Jenkins acusa de manera enérgica los señalamientos sin pruebas para sostener una campaña dolosa que usa la fuerza del Gobierno estatal para normalizar una serie de atropellos inadmisibles en un Estado de Derecho.

La verdad legal y la razón asiste a la Fundación Mary Street Jenkins, ya que los criterios otorgados desde el Poder Judicial de la Federación han sido favorables para esta institución.

Las artimañas y falsedades difundidas por parte de las autoridades estatales lastiman el prestigio de una Fundación que por casi 70 años ha trabajado en beneficio de miles de familias poblanas y de instituciones en todo el país.