Luego de que inició la venta en la calle y comercios establecidos de pruebas rápidas para detectar COVID, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Dirección de protección contra riesgos sanitarios (Dpris) realizar operativos para verificar si estos productos tienen autorización sanitaria; de no ser así serán retirados del mercado y se aplicarán las sanciones correspondientes.

Por su parte, el secretario de Salud, Antonio Martínez, recordó que las pruebas para COVID deben estar autorizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez" (InDRE), la dependencia federal encargada del caso.

En el caso de Puebla, se están comercializando entre 250 y 400 pesos pruebas de dudosa procedencia en vehículos y comercios de productos varios en el centro histórico.