La despenalización del aborto, su contribución para la disminución de los feminicidios, así como la revocación de la concesión del manejo del agua, son algunos de los pendientes que el Congreso de Puebla está dejando en promesa de campaña incumplida a un año de que concluya la LX Legislatura.
En la agenda legislativa proclamada durante la campaña de 2018 de los aspirantes a una curul estatal, figura el compromiso de combatir de forma “inteligente” el feminicidio y la violencia de género. Los números actuales en este renglón muestran que los casos se mantienen en niveles altos.
El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), por ejemplo, presentó el mes pasado un informe en donde señala que, durante 2019 en Puebla, cada 4.6 días se cometió un asesinato con características de feminicidio.
Según el conteo del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), en ocho meses de este 2020 han ocurrido 72 posibles feminicidios, lo que representa un incremento del 26% en relación a 2019, con base en su mismo archivo.
Si bien lo anterior es con base en datos hemerográficos, en las cifras oficiales a Puebla tampoco le va bien. En el último informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la entidad está en quinto nacional de indagatorias por feminicidios, con 38 registradas entre enero y julio de este año.
El panfleto “Propuestas programáticas de los candidatos de la Coalición ‘Juntos Haremos Historia’ en Puebla”, en el apartado correspondiente al Congreso, el inciso C del primer punto dice que habrá un “combate inteligente del feminicidio y la violencia de género, mediante protocolos de desempeño para las autoridades de seguridad e investigación”.
EN ESPERA: PRIVATIZACIÓN DEL AGUA, ABORTO LEGAL Y MATRIMONIOS IGUALITARIOS
En el punto siete del mismo impreso habla de revertir la privatización del agua y garantizar el abasto, para ello prometieron reformas a fin de reconocer como derecho humano el acceso al líquido, emitir una ley ciudadana del agua que garantice la universalidad y la creación de consejos y contralorías ciudadanas para cuidar, entre otros, la redistribución regional.
Fue el año pasado que el Congreso obtuvo el contrato de Agua de Puebla; entonces los diputados de Morena afirmaron que se buscarían echar abajo la privatización sin el pago millonario estipulado en dicho contrato.
Hasta el momento, el Pleno del Congreso sólo ha aprobado (en marzo) reformas a la Ley del Agua que tiene como finalidad que los poblanos que tengan un consumo menor a los 15 metros cúbicos mensuales del líquido, no sufran el corte del suministro.
Lo que no abordó el panfleto fue la despenalización del aborto y la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo, sin embargo, eran temas que se esperaban de fácil tránsito entre la actual Legislatura por la mayoría de diputados que se dicen de corriente progresista, pero ambos siguen atorados.
Lo más cercano ha sido la discusión y aprobación en octubre de 2019 de una serie de reformas para prevenir la violencia contra la mujer, pero que no fueron suficientes para reconocer los matrimonios igualitarios y dar paso a la interrupción del embarazo libre y gratuito. Las modificaciones fueron avaladas pro diputados de Morena, PES y PT.
