Durante los meses de marzo y abril del presente año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió los Criterios Contables Especiales (CCE) con el fin de que las entidades financieras pudieran implementar y ofrecer diversos programas de apoyo a sus clientes y, así, mitigar los efectos económicos relacionados con la contingencia derivada del COVID-19.

Las medidas de alivio temporal consistieron en el diferimiento parcial o total del pago de intereses o de capital por 4 o 6 meses, y 18 meses para créditos dirigidos al sector agropecuario o rural, todo ello sin la generación de intereses adicionales, cobro de comisiones por reestructuras, solicitud de garantías adicionales ni la restricción o cancelación de líneas de crédito, entre otras.

Hasta ahora 8 millones 622 mil 159 créditos se apegaron a los CCE, lo que ha resultado en un alivio financiero para familias y empresas. Dado que la pandemia se ha extendido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la CNBV, acordó aplicar nuevas medidas para proteger la economía de personas y empresas que lo requieran. Esto con el objetivo de aminorar sus compromisos crediticios y proteger su patrimonio, al disminuir las mensualidades a pagar mediante reducciones de tasas de interés o extensiones de los plazos. Estas medidas beneficiarían a las diversas modalidades de créditos al consumo, hipotecarios, a las empresas y otros.

La facilidad regulatoria pretende promover restructuras de los créditos para que las instituciones financieras ajusten los esquemas de pago a la nueva realidad de las economías de los acreditados y sus familias, para lo cual invariablemente deberá disminuir el pago que se venía realizando, al menos en un 25%, lo que implicará que se amplíe el plazo remanente hasta en un 50% del plazo original, así como disminuir la tasa de interés y hacer quitas de capital.

Por ello, las autoridades financieras, a través de la CNBV, decidieron implementar cuatro nuevas medidas para incentivar y permitir a bancos y otros intermediarios financieros reestructurar los créditos de los clientes que así lo soliciten. Las medidas que contempla este plan son:

Computar un monto menor de reservas específicas cuando se pacte una reestructura con el cliente.

Reconocimiento de las reservas específicas que se liberen por la reestructura de un crédito como reservas adicionales.

Podrán reconocer un mayor capital regulatorio al considerar las reservas adicionales como parte del capital complementario.

Reducir prudentemente los requerimientos de capital por riesgo de crédito.

Adicionalmente, para incentivar la inclusión financiera y el otorgamiento de nuevos créditos se realizarán las siguientes tres medidas en el caso de los bancos:

Se extiende el uso del buffer de capital hasta el 31 de diciembre de 2021.

Se amplían los requerimientos de liquidez hasta marzo de 2021, con lo que los bancos podrán reducir transitoriamente sus buffers de liquidez por debajo del 100% de sus necesidades.

Se amplía a personas morales la regulación que permite la apertura de cuentas y contratación de créditos sin necesidad de que el cliente vaya a la sucursal. Además, se eliminan los límites establecidos para la contratación de créditos y apertura de cuentas facilitando la apertura de cuentas de identificación simplificada consideradas de bajo riesgo para SOFIPOs y SOCAPs.

Todas estas disposiciones tienen impacto en diversos segmentos de la población y sectores económicos que permiten a las familias y las empresas mitigar las dificultades derivadas por la pandemia causada por el COVID-19. Este paquete de medidas no sólo busca otorgar un alivio en la economía de los clientes beneficiarios, sino que contribuye a la recuperación económica del país proveyendo liquidez a familias y empresas. Al mismo tiempo, este nuevo mecanismo privilegia el compromiso del Gobierno de mantener finanzas públicas sanas y un sistema financiero sólido y resiliente.