Adrián Tihuilit, defensor de los bienes comunales de San Juan Tahictic, comunidad que se ha opuesto a la construcción de la hidroeléctrica Gaya en las aguas del río Apulco, fue encontrado muerto ayer viernes de un disparo en la cabeza.
Se trata del segundo líder de los movimientos opositores a los llamados “proyectos de muerte” en la Sierra Norte de Puebla que es asesinado en las últimas semanas. Apenas el pasado 14 de mayo fue encontrado sin vida el también activista Manuel Gaspar Rodríguez, quien encabezó movimientos contra diversos proyectos en la comunidad de Cuetzalan.
El cadáver de Tihuilit fue hallado en una cañada en el municipio de Zacapoaxtla por familiares y amigos que emprendieron una búsqueda en la zona, luego de que el defensor desapareció desde el miércoles 29 de mayo cuando salió de su casa y ya no regresó.
Después de dos días de rastreo, el grupo de habitantes de San Juan Tahictic ubicó el auto Chevy blanco de Tihuilit en un barranco y, metros más abajo, encontraron su cadáver con un disparo en la cabeza.
La lucha de la comunidad indígena de San Juan Tahitic se remonta a 2013, cuando expulsó de esa localidad a enviados de la empresa Gaya que, sin permiso, pretendían arrancar trabajos a las orillas del río Apulco.
Desde entonces, los pobladores, encabezados por Adrián Tihuilit, demandan que la región sea declarada “libre de megaproyectos de muerte” y se preserven las áreas protegidas por la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
Claudia Martínez Sánchez, directora del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, manifestó su preocupación por “la cacería” de que son objeto los defensores de la tierra en Puebla.
“El pasado 15 de mayo fue vilmente asesinado Manuel Gaspar Rodríguez, dirigente del Movimiento Indígena Obrero Campesino Urbano y Popular de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (MIOCUP-CNPA-MN), quien era uno de los principales opositores a los proyectos hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona de Cuetzalan”, recordó.
Según Martínez Sánchez, la víctima fue ejecutada con arma punzocortante dentro de un hotel en la cabecera municipal de Chignautla, luego de participar en un foro de denuncia sobre el robo del agua del que son objeto los pueblos de la zona Sierra Norte del Estado de Puebla; también era perseguido por la Procuraduría General de la República (PGR) por una orden de aprehensión que le fue fincada con base a delitos fabricados, expuso.
“Ante estos hechos, el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos hace un enérgico llamado al gobierno del Estado de Puebla, para que reconozca públicamente que en esta entidad el ejercicio del periodismo y la defensa de la tierra se han convertido en vocaciones de muerte”, agregó.
La periodista pidió también que el gobierno incluya como las líneas de investigación de los dos asesinatos de activistas las afectaciones que sus luchas causaron a los intereses de las empresas trasnacionales que pretenden instalar sus proyectos energéticos.
Fuente: TRABUCO NOTICIAS
