Empresarios en el ramo de la seguridad privada han mostrado preocupación porque ahora sus elementos deberán acreditar pruebas de control y confianza, ya que esto les representará una elevada erogación para solventar los exámenes, incrementará la deserción de personal y fomentará la contratación de firmas no regularizadas.

Roberto Esquivel Ruiseco, vicepresidente de Seguridad de la Red Mexicana de Franquicias, no descartó que en breve un grupo de empresarios busque al presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso local, Mario Rincón González para plantearle los inconvenientes que se avecinan con la reciente reforma aprobada a la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Puebla.

Detalló que cubrir el valor monetario de cada prueba –un promedio de 4 mil 500 pesos- es la principal preocupación de las empresas de seguridad, además de que por este hecho se verán obligados a incrementar el precio de sus servicios

Otro elemento que observan es la deserción que ocasionará la aplicación de los exámenes, pues se ha demostrado que éstos son reprobados incluso por elementos que muestran signos de preocupación, fatiga o estrés, entre otros factores que no necesariamente refieren que se trata de una persona incapaz de desempeñar la función como elemento de seguridad.

Este escenario ocasionará que firmas no regularizadas sean contratadas para cubrir las plazas que, por dicha deserción, no podrán cubrir quienes sí cumplen con la normativa. En este sentido dijo que hay compañías de seguridad privada que en la actualidad tienen una rotación del 40 al 45 por ciento al mes.

“Se está analizando la propuesta que ya aprobó el Congreso para ver de qué manera se puede mitigar, y al final de cuentas se tendrá un acercamiento con Mario Rincón para comentarle los puntos y ver a qué acuerdo se puede llegar para que el sector empresarial no se vea afectado pero también que el cliente se sienta seguro”, puntualizó.