Como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la LX Legislatura del Congreso del Estado deberá proceder en el ámbito de su competencia a ordenar la reposición del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades que se siguió a Ernestina Fernández Méndez, presidenta municipal de Tehuacán, dando la intervención que corresponde al ayuntamiento actor por conducto del Síndico Municipal y de su edil.

Dado que la sentencia declaró la invalidez del decreto emitido por el LIX Congreso Constitucional del Estado, aprobado el 15 de diciembre de 2016, respecto a la resolución del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades P.A 124/2016, se ordena notificarle a las partes y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta.

Al hacer uso de la tribuna, el diputado José Juan Espinosa Torres, coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, destacó que este asunto, tiene que ver con la forma como los diputados de la LIX Legislatura trabajaron siempre por consigna y con el objetivo de cumplir los caprichos del grupo en el poder.

Ponderó que no se trata de un tema menor, la resolución que en su momento tomó la LIX Legislatura respecto al desempeño del ayuntamiento de Tehuacán, lo que generó un inicio del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades y que incluso los mismos diputados acordaron el juicio político como la separación del cargo a la hoy presidenta municipal, Ernestina Fernández Méndez.

Acusó que esta determinación de la Suprema Corte de Justicia demuestra una vez más el actuar de quiénes realmente legislaban en forma incorrecta y caprichosa, capaces de utilizar esta institución como “garrote político”.

“No es un tema menor el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le corrija de nueva cuenta la plana al Congreso del Estado, al demostrar la torpeza con la que se venía conduciendo la LIX Legislatura en complicidad con el titular del Poder Ejecutivo”.