Ante la eventual posibilidad de que el gobernador José Antonio Gali ejerza un veto a las iniciativas de Ley, incluyendo el retiro de la concesión del servicio de agua a empresas particulares, la aplicación de una nueva ley en materia de regulación del uso de la fuerza, así como la acción de inconstitucionalidad al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, tanto el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla y el presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Congreso del Estado, José Juan Espinosa Torres, adelantaron que recurrirán a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), de ser necesario.

Luego de haberse recibido la notificación por parte de la Secretaría General de Gobierno, sobre observaciones, estas nuevas disposiciones legales de reciente aprobación, incluso por parte de los diputados de los grupos parlamentarios de Por Puebla Al Frente,  el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LX Legislatura del Congreso del Estado, refirió que bajo este escenario, existen muchas salidas para hacer frente a este tipo determinaciones, incluyendo la vía judicial, al igual que la legislativa.

Citó que entre las leyes que han sido detenidas en su publicación del Diario Oficial del Estado, se encuentra el decreto que abroga la Ley para proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, así como del decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 16 y se deroga el tercer párrafo del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) y  para revertir la concesión del servicio de agua a empresas particulares.

El también coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo detalló que, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva, recibió dos documentos firmados por el secretario general de Gobierno, los cuales hacían valer el derecho de veto con el único fin de frenar actos soberanos del Poder Legislativo.

Por lo anterior adelantó que se iniciará la conformación de una nueva ley en materia de regulación del uso de la fuerza que deje inmediatamente sin efectos la ley actual.

“Someteremos a la Junta de Gobierno y, en particular, a las fracciones parlamentarias que avalaron las reformas a la Ley Bala y a la Ley Orgánica para valorar las acciones jurídicas correspondientes”, sentenció.