El Senado de la República logró, tras dos intentos fallidos, aprobar la convocatoria para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la cual permitirá la postulación de aspirantes con pasado militante.

Aunque el acuerdo original de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) establecía un "candado" para impedir a exdirigentes y candidatos de los partidos políticos durante los últimos seis años participar en el proceso de elección de nuevo fiscal de delitos electorales, en el Pleno senadores del PRI, PVEM, algunos del PAN y un independiente sumaron 64 votos, suficientes para eliminar este requisito por lo que la convocatoria ya no contará con ningún filtro de autonomía e imparcialidad.

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Pese al intento del PRD y del PT de mantener este requisito al considerar que evitará conflictos de interés en la resolución de denuncias e investigaciones por posibles delitos electorales, se impuso la mayoría bajo el argumento de que no se pueden incluir requisitos que no están contemplados en la Ley orgánica de la Procuraduría General de la República.

Durante la discusión para desechar este requerimiento, a solicitud del senador independiente Manuel Cardenas, el proponente explicó que lo que se debe exigir para ocupar el cargo de titular de la FEPADE debe atender a los requisitos que establece el artículo 18 de la Ley de la Procuraduría General de la República, por lo que ir más allá no solo sería un exceso sino una forma de violentar la ley.

En defensa de este argumento, el coordinador del Partido Verde Ecologista, Carlos Alberto Puente Salas indicó que se debe actuar en apego a la ley por lo que pidió a la oposición no violentar las instituciones "una vez más".

En contra de este candado también se expresaron públicamente los senadores del PAN, Roberto Gil Zuarth y Javier Lozano Alarcón quienes pidieron no contravenir con lo estipulado en la ley.

La exigencia ignorada de la oposición

Durante el debate el coordinador del PRD, Luis Sánchez, lamentó la falta de compromiso de las bancadas mayoritarias para ampliar los candados de designación del futuro fiscal y señaló que se desechó la oportunidad de evitar un conflicto de intereses en la Fepade.

"Es cierto que las disposiciones legales no establecen esto y podríamos decir que va más allá de ello, pero hay otra legislación que habla de conflicto de interés. Cuando lanzamos la primera convocatoria en el 2014 no estaba legislado todavía esto y el conflicto de interés se legisló como parte de lo todo el entramado que se hizo en el tema de anticorrupción, entonces me aceptaron esta propuesta para tener una convocatoria en mejores condiciones", argumentó.

Por su parte el coordinador de la bancada PT-MORENA  mencionó que sea eliminación de este candado permitirá un proceso de simulación, de un proceso a modo. Aseveró que no se puede aprobar la designación de un fiscal que estará al servicio del partido en el gobierno y que valide el fraude en el proceso electoral del 2018.

Los términos de la convocatoria

En los términos aprobados del acuerdo, se convoca a los interesados en ocupar la vacante a entregar su documentación entre el 17 y 24 de noviembre, con miras a definir este nombramiento antes del 15 de diciembre, cuando se cierra el actual periodo ordinario de sesiones.

Concluido el plazo de recepción de documentación, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) turnará a la Comisión de Justicia a mas tardar el 27 de noviembre los expedientes que cumplen con los requisitos.

A su vez, la Comisión de Justicia deberá definir el calendario de comparecencias para que una vez escuchados los interesados se realice un dictamen de idoneidad, mismo que analizará la Jucopo para proponer un nombramiento que sería discutido y votado en el Pleno antes del 15 de diciembre.

La convocatoria establece una serie de requisitos que deberán cubrir los candidatos a ocupar dicho cargo,  se  exige entre otros, acreditar conocimientos y experiencia en materia de derecho electoral y de investigación de ilícitos penales; poseer el día antes de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de licenciado en derecho; así como gozar de buena reputación.

Fuente: LASILLAROTA