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Martes, 31 Octubre 2017 19:43

PRI rebasó tope de campaña en elección de gobernador en Coahuila

Por  Staff Puebla On Line

Con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a la coalición “Por un Coahuila Seguro”, encabezada por Miguel Ángel Riquelme, por no reportar el costo de la producción y edición de 84 videos difundidos en redes sociales durante la campaña a gobernador.

En un comunicado, el INE precisó que el costo determinado, según la matriz de precios utilizada en el dictamen correspondiente, fue de 17 mil 400 pesos para ese tipo de videos, por lo que el monto de la sanción por el no reporte de 84 videos asciende a un millón 461 mil 600 pesos.

Ese monto se suma a los 310 mil 621 pesos que ya había definido la autoridad electoral administrativa como rebase del priista, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenó que revisara las cuentas de la fiscalización de dicha campaña.

Así, de acuerdo con el INE, Miguel Riquelme gastó en su campaña a la gubernatura un millón 771 mil pesos más en relación con el límite de gastos establecido, que se fijó en 19 millones 242 mil pesos, lo que implicó un rebase de 9.2% al erogar 21 millones de pesos.

Al presentar el asunto en la sesión de ayer, el consejero Ciro Murayama Rendón, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, explicó que el Partido Acción Nacional (PAN) interpuso una queja sobre 151 videos expuestos en redes sociales no reportados o subvaluados en el Sistema Integral de Fiscalización.

Conforme a la Unidad de Fiscalización, encontró que muchos de esos videos sí estaban reportados, pero no así los 84 que fueron motivo de la sanción.

“La idea de la Comisión es clara: no se puede confundir gasto en colocación de propaganda con gasto de producción de la misma; una cosa es producir un video y otra cosa pagar a Facebook por su exhibición”, destacó Murayama.

De acuerdo con el consejero, un peso que sale de la contabilidad de una campaña no puede destinarse íntegramente a cubrir dos pagos distintos a la vez.

En la misma sesión, el Consejo determinó por mayoría de votos que la difusión de inserciones en prensa tituladas “Guillermo Anaya es un cobarde al ofender a las mujeres”, se encuentra tutelada por los derechos de libertad de expresión, por lo que no deben afectar los gastos de campaña del excandidato de la coalición “Por un Coahuila Seguro”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Verde Ecologista, de la Revolución Coahuilense, Socialdemócrata y Campesino Popular.

En ese sentido, fue rechazada la propuesta original de cargar a los gastos de campaña de Riquelme el costo de los seis desplegados de prensa, cinco en medios locales y uno nacional, en los que mujeres priistas denunciaron las expresiones misóginas del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Anaya.

También ayer, las consejeras y consejeros electorales declararon como fundado el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (Panal), Morena y Encuentro Social (PES), al omitir presentar formatos de los representantes generales y de casilla y, por lo tanto, registrar los gastos relacionados con las actividades de los mismos en la jornada electoral en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, motivo por el cual impuso las siguientes sanciones:

PAN, 2 millones 532 mil 960.53 pesos; PRI, 418 mil 204.02; PRD, 1 millón 329 mil 420.52; PT, 1 millón 491 mil 169.88; PVEM, 456 mil 858.23; MC, 282 mil 181.62; Nueva Alianza, 700 mil 396.20; Morena, 1 millón 774 mil 399.34, y Encuentro Social, 792 mil 274.14 pesos, lo que da un total de 9 millones 777 mil 864.48 pesos.

Durante la sesión, el pleno resolvió ocho acatamientos en materia de fiscalización y recibió el informe de la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos.

Fuente: PROCESO 

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