Ante la falta de acuerdos en el Pleno del Senado de la República sobre el proceso técnico que se llevará a cabo para decidir sobre la remoción o restitución del titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la PGR (Fepade), la Mesa Directiva de esta Cámara resolvió levantar sesión sin que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) fuera votado.
Horas antes, por mayoría ponderada la Jucopo acordó que el proceso de decisión será llevado a cabo por votación por cédula, es decir, cerrada.
En conferencia, la presidenta de este organismo, Ana Lilia Herrera pormenorizó asimismo que el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán y el ex titular de la Fepade, Santiago Nieto serán llamados ante el Pleno de la Cámara este miércoles para que expresen lo que a su interés convenga respecto de la remoción del Fiscal Especializado.
La mayoría ponderada, explicó el coordinador del PRD, Luis Sánchez Jiménez implica un 48.44% del PRI y el PVEM y 47.66% del PAN, PT y PRD; partidos que tienen representación en la Junta.
Sin embargo, los coordinadores de los llamados partidos opositores rechazaron varios puntos del acuerdo, en particular lo relativo a la votación secreta.
Al llevar el acuerd al Pleno del Senado para su votación, un grupo de senadores , una treintena de senadores -incluidos los coordinadores del PAN, PT y PRD, así como algunos independientes-, tomaron tribuna en reclamo del acuerdo aprobado en Jucopo.
Ante ello, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, levantó la sesión y citó para el miércoles a las 12:00 horas.
El Transitorio Décimo Octavo de la Reforma Constitucional publicado el 10 de febrero de 2014, se especifica que el titular de la Fepade puede ser removido por el Procurador General de la República. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 10 días hábiles, plazo que concluye el próximo viernes 31 de octubre.
La resolución que adopte la Cámara, explicó la legisladora Ana Lilia Herrera, perteneciente al grupo parlamentario del PRI, se relaciona jurídicamente con los efectos de un nombramiento en la especie de restitución, por lo que para tales fines el asunto se someta a una votación por cédula, es decir un voto secreto.
En contraste se pronunció el coordinador del PRD en la Cámara Alta, Luis Sánchez Jiménez, quien en conferencia expresó que la oposición busca que la votación sea pública, pues el caso no se trata de un nombramiento, sino de determinar si el encargado de la PGR tuvo, o no, la razón al destituir a Santiago Nieto.
Fuente: ELECONOMISTA
