En lo que va del año, 744 mil víctimas de extorsión telefónica pagaron un monto total de mil 489 millones de pesos, que fueron depositados en diversas cuentas bancarias del país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía y del Consejo de Seguridad de la Ciudad de México.

Dentro de las investigaciones que se han realizado en torno a este delito, se tiene el resultado de que anualmente se realizan 3.7 millones de llamadas de extorsión, 7 mil diariamente de los 400 penales del país. Cada llamada tiene una duración de los 3 a 4 minutos en un horario de las 7 a las 8 de la noche.

En el caso del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, tiene un registro de 400 mil números telefónicos de donde se realizan dichas llamadas, además se han rastreado 20 mil cuentas bancarias que incluyen todas las entidades financieras del país, incluso las que se dedican a las transferencias y tiendas de conveniencia.

A decir de Luis Wertman, presidente Consejo Ciudadano de la capital del país, los dueños de los bancos no se han comprometido a investigar las cuentas donde se hacen los depósitos producto de las extorsiones, a pesar de que se tienen localizados por número y nombre.

“Desde los grandes bancos hasta los pequeños, desde compañías que se dedican a hacer transferencias de dinero, y lo que nosotros tenemos que decir públicamente, es que ningún banco ha hecho absolutamente nada para protegernos a nosotros como usuarios en esta situación”.

Las cifras sobre este delito son diversas, mientras el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) da a conocer que anualmente se realizan 3.7 millones de llamadas de extorsión al año, la Secretaría de Economía (SE) destaca en un informe divulgado el 17 de julio de 2017, anualmente se realizan dos millones 482 mil llamadas, de las cuales más de 93 por ciento se hacen desde reclusorios y cárceles, el resto se hace de domicilios privados.

La raíz de este delito va más allá de la instalación de inhibidores de señal en los centros penitenciarios. En los 10 Centros de Readaptación Social de la capital del país hasta finales de 2014, se tenían instalados 155 equipos para inhibir señales de teléfonos celulares por los que se pagaron 24 millones 795 mil pesos a la empresa Software DSI S.A de C.V. quien desde el 2011 tenía un contrato con la  Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la ciudad de México.

Sin embargo, a partir de 8 de febrero de 2017, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario capitalino, dejo el manejo e instalación de los inhibidores de señal al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que no ha dado a conocer el funcionamiento y costo de los inhibidores.

De acuerdo al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-220- SCFI-2017: se dan especificaciones y requerimientos de equipos de bloqueo de señal de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos e imagen dentro de centros de readaptación social.

Esta Norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señala que es indispensable que los centros de readaptación social, tutelares para menores y entidades federales que tengan dispositivos para bloquear señal de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos e imagen, deben evitar que se causen interferencias perjudiciales a otros equipos de operación autorizada, como también a las redes y servicios de telecomunicaciones de servicios.

Es por ello, que el gobierno federal, es el encargado de la compra y colocación de inhibidores de señal de telefonía celular en los reclusorios del país, sin importar que sean municipales, estatales o máxima seguridad.

10 mil por el celular en el RENO

El negocio de la extorsión telefónica dentro de los penales, es tan fructífero que las ganancias ilícitas alcanzan para ser repartidas a toda la estructura que sostiene el delito, que va desde los internos, funcionarios penitenciarios y directores de los penales que saben los horarios para este delito.

De cuerdo con el testimonio de Víctor, nombre ficticio que se le puso a un custodio del reclusorio norte que fue entrevistado por Grupo Imagen, el negocio de la extorsión telefónica deja ganancias ilícitas tanto en la extorsión como en la venta de aparatos y chips dentro de este penal.

Diez funcionarios penitenciarios, son los que se reparten las ganancias que dejan las extorsiones que realizan diversos internos a lo largo del día, ganancias que deja la venta de aparatos celulares que oscilan entre los 5 y 12 mil pesos, además del pago extra por chip que tiene un costo de 400 pesos.

“Depende del modelo amigo, si tú quieres uno bueno te viene costando entre 10, 12 mil pesos, si tú quieres algo más sencillito, la verdad no te lo vamos a bajar de 5 mil pesos, porque nos cuesta mucho el meterlo, tenemos que repartir algo, tú sabes, con la banda”, aseguró el custodio”.

La forma de introducir un teléfono celular al reclusorio norte, es sencillo. Se desarma en todas las piezas posibles y se van metiendo en distintos días para evitar ser descubiertos por los sistemas de seguridad, en algunos casos entre las ropas o comida.

“Los teléfonos celulares los desarmamos en partes, les quitamos la batería, la otra parte, lo que es la tarjeta la envolvemos en la lavandería o en artículos que podamos meter nosotros los custodios al penal”.

En el caso de los chips, se tiene un método especial como lo reveló el custodio entrevistado que consiste en envolverlo cuidadosamente con material de colillas de cigarro y pegarlos entre el tacón y la suela de sus botas.

“El chip puedo meter envuelto en una colilla de cigarro con dos curitas, lo puedo ingresar en la bota pegado con cinta canela”, aseguró.

De acuerdo a las estadísticas del Consejo de Seguridad de la Ciudad de México del periodo de 2008 a lo que se lleva de 2018, se han asegurado 21 mil teléfonos celulares en las cárceles del país, tan solo en 2016 fueron descubiertos casi mil 400 equipos de telefonía móvil en los penales de la capital del país.

Fuente: Excélsior