La Fiscalía General citará al alcalde Mazatepec, Jorge Toledo Bustamante, para que declare sobre el contenido del video que circula en las redes sociales en el que, bajo amenazas, acuerda entregar a miembros de un grupo criminal la cantidad de cinco millones de pesos.
Los sicarios que aparecen en el video presuntamente prestan sus servicios a Santiago Mazari Miranda El Carrete, líder de Los Rojos.
El fiscal Javier Pérez Durón informó que tras la difusión del material audiovisual el Ministerio Público citará al edil y aclaró que la comparecencia será en calidad de víctima de extorsión, no de indiciado.
Sin embargo, dejó en claro que si de las investigaciones surgen vínculos o complicidad entre el alcalde Toledo Bustamante y el grupo delictivo, procederán en su contra.
Por lo pronto, dijo el funcionario, se han tomado medidas para garantizar la integridad física y la seguridad del presidente municipal y de su familia.
En marzo pasado, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, acusó a 13 de 33 presidentes municipales de la entidad de pagar cuotas por derecho de piso al grupo criminal Los Rojos, con montos de 50 a 100 mil pesos mensuales, además de la imposición de la compra de caballos finos a precios de 200 a 250 mil pesos.
Durante una comparecencia ante legisladores locales, el funcionario advirtió además que la Fiscalía estatal estaba preparando los expedientes para actuar contra los alcaldes. “Quiero informar que se han iniciado investigaciones desde hace unos meses contra 13 municipios que presumimos, según la información de inteligencia, que estos gobiernos municipales pagan entre 50 y 100 mil pesos mensuales por esquemas de protección a grupo delictivo que opera en el sur del estado”.
Capella Ibarra señaló entonces que “no es posible que el que tenga una responsabilidad de carácter gubernamental, que haya sido electo en las urnas y que represente a la ciudadanía, se preste por miedo o por complacencia, por cooptación o por comodidad a las presiones de grupos delictivos, ya ha pasado más de un año (de su toma de posesión, el 1º de enero de 2015), y aquellos alcaldes o funcionarios que hayan caído en este esquema, según lo establece la ley, los convertiría en cómplices de esas circunstancias”, concluyó.
Fuente: Proceso
