El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aceptó hoy que se le extradite a México para enfrentar cargos del fuero común por tráfico de influencias, incumplimiento del deber legal, peculado y abuso de autoridad.

Aún falta una audiencia donde se le fincarán acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, presentadas por el gobierno federal, que se celebrará el 4 de julio, informa La Jornada.

En la audiencia celebrada este martes aquí, se dio a conocer que Duarte enfrenta dos órdenes de aprehensión del fuero común.

Entre las acusaciones, se le imputa al ex mandatario haber desviado 200 millones de pesos de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.

Javier Duarte fue presentado este martes en el Tribunal Tercero de Guatemala, bajo la custodia de tres policías.

El ex gobernador llegó con la barba crecida, mayor peso corporal y sonriente y aceptó que los medios lo grabaran y fotografiaran.

Su semblante era relajado, distinto a la audiencia de abril pasado, cuando compareció y se mostraba molesto y poco buscaba que las cámaras lo tomaran.

El titular del Tribunal Tercero de Guatemala rechazó la presencia y participación del abogado mexicano Pablo Campuzano, en la audiencia.

El tribunal argumentó que, de acuerdo con el derecho guatemalteco, en las diligencias solamente pueden asistir a los acusados o la fiscalía, litigantes que formen parte del Colegio de Abogados de Guatemala.

Por esa razón, el defensor mexicano fue colocado en el área pública para dar seguimiento a la sesión.  

En un escrito presentado el día de ayer, Javier Duarte solicitó al tribunal que las acusaciones formuladas por el gobierno de Veracruz en su contra sean reservadas, es decir, que no se de a conocer de manera pública el contenido de las imputaciones.

Y el tribunal consideró que debe prevalecer la transparencia del caso, porque "es lo que le da garantía a los ciudadanos y las partes" de lo que sucede en los juicios.

Durante la audiencia se dio a conocer que Javier Duarte enfrenta dos órdenes de aprehensión del fuero común, la primera dentro del proceso 38/2007, emitida el 9 de marzo de 2017 por un juez con sede en Xalapa, Veracruz, por tráfico de influencias.

La otra orden 56/2017 se emitió el 30 de marzo de 2017, también en Xalapa,  por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y peculado.

Fuente: www.jornada.unam.mx