49 periodistas e integrantes de medios de comunicación en Puebla fueron agredidos durante el 2017, reportó en su informe anual el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en el que documentó por primera vez desplazamiento forzoso y “el precio a las cabezas de tres comunicadores” por parte del crimen organizado.

El año pasado concluyó con 40 hombres y nueve mujeres periodistas agredidos, en los que se incluye un voceador, un medio de comunicación y  una radio comunitaria. Los ataques fueron registrados en 21 municipios, entre los que destacan San Martín Texmelucan, Tehuacán, Puebla, Teziutlán y Tecamachalco que ya se consideran los cinco municipios más peligrosos para la prensa poblana. 

De todos los casos documentados a lo largo del 2017, los más graves referidos en el informe señalan el caso reportado en Vicente Guerrero donde un periodista sufrió un desplazamiento forzoso luego que se registrara  un intento de homicidio por parte de dos agresores que provocaron serias lesiones físicas. Este caso inaugura el primer caso de desplazamiento en el estado. 

Se destaca también el caso en Tecamachalco, en donde por primera vez el crimen organizado a través de mensajes de texto puso “precio a la cabeza” de tres comunicadores que resultaron incomodos por su actividad periodística, este suceso considerado primer caso de su tipo a nivel nacional hizo que interviniera con una investigación directa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El Informe 2017 de la organización en Puebla concluye que la actividad periodística se ha convertido en unas una de las labores de mayor riesgo en el estado, no sólo por la cantidad de ataques contra el gremio a lo largo del año, sino por la indolencia con la que actuó el gobierno estatal, a través de la instancia procuradora de justicia y de la Comisión de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado, que se instaló en el mes de agosto de este mismo año.

Claudia Martínez, directora del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos reveló la falta de probidad de las instancias estatales para salvaguardar el derecho de los comunicadores consagrados en los artículos 6, 7, 9 y 16 de la  Constitución Política del país e hizo un llamado a autoridades para que se pongan a disposición real los recursos que prevé la legislación vigente. 

Durante el 2017 este Colectivo intervino en 49 casos de agresión a comunicadores, los que recibieron desde amenazas de muerte y agresiones físicas hasta situaciones que obligaron al desplazamiento, lo que puso en evidencia la falta de respeto a la actividad periodística y la inobservancia de la ley por parte de la autoridad local para salvaguardar la seguridad de los comunicadores, que fueron acosados a causa de su trabajo informativo.

AGRESIÓN POR MUNICIPIOS

En el municipio de Ciudad Serdán fueron agredidos un hombre y una mujer periodista, en Cholula los ataques fueron contra dos comunicadores hombres, en Huejotzingo se agredió a un periodista varón, en Teziutlán se amenazó a dos hombres periodistas y dos mujeres comunicadoras, en Tehuacán fueron seis hombres y una mujer periodista los agredidos, en Zacapoaxtla se atentó contra un hombre periodista, en Zacatlán fueron un hombre y una mujer periodista los amenazados.

En Vicente Guerrero se agredió físicamente a dos hombres periodistas, en Izúcar de Matamoros fueron dos hombres y una mujer periodista los agredidos, en el municipio de Xicotepec se amenazó a un hombre periodista, en Acatlán de Osorio fueron dos hombres periodistas los agredidos, en la ciudad de Puebla fueron cuatro hombres periodistas los amenazados, en San Martin Texmelucan fueron seis hombres y dos mujeres periodistas los agredidos, en Libres se agredió a un hombre comunicador y en Tlacotepec fue una mujer periodista la victima de agresiones.

En el municipio de Huauchinango se registró la agresión de dos hombres periodistas, en Huixcolotla un hombre periodista fue amenazado de muerte, en Atlixco se agredió a un hombre periodista y en Tecamachalco fueron tres hombres comunicadores los amenazados, en tanto que el único caso de un colaborador del periodismo agredido que se registró en el estado fue en Caxhuacán, en donde un voceador fue secuestrado por policías municipales al momento de realizar la venta de impresos. 

En el caso de Tlacotepec, la víctima sufrió un intento de linchamiento, luego de hacer una cobertura periodística sobre el linchamiento de cuatro personas, siendo retenida en un taxi y obligada a borrar las imágenes levantadas sobre el suceso; fue retenida en el lugar y amenazada con “llamar al pueblo” si no borraba las imágenes de la cámara. 

Cabe destacar el caso de Tecamachalco, en donde por primera vez el crimen organizado filtró una versión directa, a través de mensajes de texto, en donde puso “precio a la cabeza” de tres comunicadores que resultaron incomodos por su actividad periodística, siendo este el primer caso de su tipo a nivel nacional, lo que hizo que interviniera con una investigación directa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De todos los casos documentados a lo largo del 2017, los más graves son los que se registraron en los municipios de Chignautla, Tlacotepec y Vicente Guerrero; en Chignautla, la víctima recibió amenazas de muerte y secuestro contra él y su familia vía telefónica, 

En el caso de Tlacotepec, la víctima sufrió un intento de linchamiento, luego de hacer una cobertura periodística sobre el linchamiento de cuatro personas, siendo retenida en un taxi y obligada a borrar las imágenes levantadas sobre el suceso; y amenazada con “llamar al pueblo” si no borraba las imágenes de la cámara. 

CRIMEN ORGANIZADO REPRESENTÓ EL TERCER NIVEL DE RIESGO PARA PERIODISTAS

El Informe 2017 apunta que a diferencia de otras entidades del país, que se distinguen también por ataques a la libertad de expresión, en el estado de Puebla el número de atentados provenientes de grupos identificados con el crimen organizado, apenas representó el tercer nivel de riesgo, pues por encima de estos se ubican las agresiones realizadas por agentes estatales, en donde se incluyen alcaldes, funcionarios públicos, policías municipales y mandos policiales del estado y de los municipios.

De las 49 agresiones que se cuantificaron en el 2017 contra la libertad de expresión en el estado de Puebla, 17 de ellas fueron cometidas por particulares, 14 por agentes estatales, 11 por el crimen organizado, y siete por personas desconocidas, las que actuaron anónimamente con amenazas de muerte vía telefónica, principalmente.

De esa forma, se establece que de todas las agresiones cometidas contra los comunicadores en el año que recién concluyó, el 33.33 por ciento fueron cometidas por personas particulares que se vieron afectadas por el trabajo informativo de los periodistas locales, 29.1 por ciento de las agresiones las cometieron agentes del gobierno, incluidos alcaldes, una diputada, funcionarios públicos y policías, mientras que el 22.91 por ciento de los ataques a la prensa fueron cometidos por elementos identificados con el Crimen Organizado, y el 14.58 por ciento de agresiones fueron cometidas anónimamente.

De los 49 casos de agresión a periodistas que se registraron a lo largo del 2017, en donde tuvo participación directa este Colectivo Nacional de Alerta Temprana, en el 76.4 por ciento de las veces se abrieron carpetas de investigaciones sobre los hechos, en 12.24 por ciento de los casos no se abrió ningún tipo de investigación, 8.1 por ciento de los casos fueron asumidos por la federación sin conocerse si se abrió o no carpeta de investigación, y en 6.1 por ciento de los hechos no fueron denunciados por temor de las víctimas a mayores represalias.

Cabe destacar que del total de los casos atajados mediante denuncias públicas, el 36.11 por ciento fueron atendidos por instancias federales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas y por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. El 63.88 por ciento de las denuncias fueron atendidas por instancias del gobierno estatal, principalmente por la Fiscalía General del Estado y por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

CASO AURELIO CABRERA CAMPOS, PENDIENTE

Aunque el asesinato del periodista Aurelio Cabrera Campos  ocurrió la noche el 14 de septiembre del 2015, el Colectivo Nacional de Alerta Temprana dedicó un seguimiento especial que reportó en el informe.

A la fecha no existe un informe público detallado de los avances en la investigación del caso. Con base en investigaciones de campo realizadas por personal de este Colectivo, se indica una total desatención por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla, en torno al caso del asesinato del periodista Aurelio Cabrera Campos, se han llevado de manera irregular, pues no sólo se han practicado fuera de la metodología jurídica, sino que algunas de ellas, siempre a conveniencia de la Fiscalía, se han filtrado a la opinión pública a través de medios de comunicación afines, siempre para denostar la personalidad periodística de la víctima, y de paso acusar a dos periodistas del asesinato.

“La práctica observada en Puebla, entorno a la investigación del asesinato de un periodista, no dista de la forma en que es tratada generalmente por las fiscalías de los estados con mayor índice de asesinatos de periodistas, como es el caso de Veracruz, en donde la primera acción oficial es la de denostar la personalidad periodística de la víctima, a la que se le intenta desacreditar su honestidad en forma pública.

“Otra práctica común que ha sido retomada por la Fiscalía de Puebla, de otras Fiscalías de estados con elevados índices de asesinatos de periodistas, es la criminalización de varios periodistas del círculo inmediato de la víctima sobre el mismo asesinato, que en el caso de Aurelio Cabrera Campos involucró a los periodistas Pedro Garrido Cuevas y Juan Pedro Garrido Juárez, también periodistas críticos del sistema.

“El señalamiento de las Fiscalía de los periodistas Pedro Garrido Cuevas y Juan Pedro Garrido Juárez, tuvo un efecto colateral, que desde el inició ha sido señalado por este Colectivo Nacional de Alerta Temprana, al considerar que el de Aurelio Cabrera Campos es un homicidio de estado, que también retiró de la vida periodística a los dos comunicadores señalados como presuntos responsables de la ejecución.

“A la fecha no existen avances sustanciales en la investigación sobre las verdaderas causas que propiciaron el asesinado de Aurelio Cabrera Campos, ni se ha indagado sobre el o los verdaderos responsables de esta ejecución, en donde los periodistas Pedro Garrido Cuevas y Juan Pedro Garrido Juárez siguen apareciendo como los principales indiciados, pese a que no existen pruebas periciales de fondo que así lo apunten.

“A consideración de este Colectivo Nacional de Alerta Temprana, el señalamiento que se ha hecho sobre los Garrido, no cuenta con ningún sustento pericial, pues las pruebas en las que se fincan las ordenes de aprehensión que en contra de los dos comunicadores mantiene vigentes la Fiscalía General del Estado de Puebla fueron creadas a modo, para generar un estado de zozobra y división entre el gremio periodístico de la zona Sierra Norte del Estado de Puebla”, aduce el informe.

AUTORIDADES EJERCEN ACTOS DE INTIMIDACIÓN

Para el Colectivo, en el caso del periodista “Garrido” no fue  la primera ocasión en que el gobierno estatal de Puebla realizó actos de intimidación contra un grupo de comunicadores, también documenta el caso del periodista Marco Antonio Vásquez, quien se encuentra preso y olvidado en la cárcel de Teziutlán, luego de ser señalado, sin fundamentos legales, del delito de violación desde hace ya más de 9 años, quien a la fecha enfrenta una sentencia condenatoria de 15 años de cárcel.

“La detención de Marco Antonio Vásquez, quien fue encarcelado en abril del 2009 tras una confabulación de funcionarios municipales de Teziutlán y de la administración del gobernador Mario Marín, causó un efecto silenciador en la prensa de esa parte de la zona norte del estado de Puebla, en donde se dejó de practicar el periodismo crítico y de investigación, dando paso a la creación de la primera zona de silencio en el estado.

El surgimiento de estas zonas de silencio, en donde los periodistas ante el temor de las amenazas, la persecución y la intimidación, optan por ejercer un periodismo alejado de las causas sociales y la denuncia, ha venido en aumento en todo el estado de Puebla, registrándose a la fecha zonas vedadas para el periodismo crítico como son los municipios de San Martín Texmelucan, Xicotepec, Huauchinango, Francisco Z. Mena, Tepeaca, Amozoc, Acatzingo, Huixcolotla, Palmar de Bravo, Los Reyes de Juárez, Tochtepec, Tecamachalco, Esperanza, Ciudad Serdán, Quecholac, Chignautla, Tlatlauquitepec, Cuetzalan y Zacatepec”.

CRECEN ZONAS DEL SILENCIO

Las zonas de silencio que van en crecimiento en todo el estado, se agudizan en detrimento para la comunidad en general, el Colectivo de Alerta Temprana documentó agresiones también voceadores que se han convertido en nuevo blanco de intimidaciones que les impiden llevar las noticias a los lugares apartados de la capital. 

“El gremio de los voceadores, como colaboradores activos del periodismo, es otro de los sectores en los que ha centrado su atención este Colectivo Nacional, pues en el 2017 se registró un caso de secuestro en contra de uno de los trabajadores de este gremio, el que se ubicó en el municipio de Teziutlán, pero también se tuvo conocimiento de amenazas contra trabajadores de la venta de periódicos en los municipios de Huehuetlán El Grande, Acatzingo, Chignahuapan, Amozoc, Palmar de Bravo, Huixcolotla, Tepeaca, San Martín Texmelucan y Huejotzingo”.

El informe apunta que en varios municipios voceadores tienen que pagar cuota a las autoridades municipales, policías y particulares, para poder realizar la labor de venta de periódicos, pero también se han registrado casos de extorsión, chantaje, privación ilegal de la libertad y lesiones contra estos colaboradores del periodismo.    

PERIODISTAS ENFERMOS Y DE LA TERCERA EDAD

El documento difundido hoy revela que los principales padecimientos que los periodistas manifiestan en esta entidad, como consecuencia del estado de agresiones y violencia que padecen, van desde las clínicas graves como estrés postraumático, padecimientos estomacales, diabetes e hipertensión, hasta las sociales como dificultades para el sostenimiento de sus relaciones personales y de pareja, adicción a sustancias prohibidas, adicción al alcohol, delirio de persecución, paranoia e inestabilidad emocional.

“Atención especial merece el apartado de los periodistas de la tercera edad, que es un sector del gremio que va en crecimiento constante por razones naturales, en donde se observa un alto grado de discriminación laboral y social, que los empuja a la pobreza extrema y el abandono social, como es el caso de los periodistas Vicencio Ortiz Libreros y Gumersindo Calderón Juárez, en la Sierra Norte del Estado.

“Vicencio Ortiz Libreros murió en el mes de julio del 2016, casi en completo abandono, tanto por las autoridades estatales y municipales, como por sus compañeros de gremio, en donde no ha prosperado la creación de un fondo económico de ayuda emergente para los periodistas en edad avanzada que ya no pueden ejercer su labor en forma dinámica. El periodista Gumersindo Calderón Juárez a la fecha, aunque ciego, practica el periodismo como única forma de sustento económico para su persona y de su familia”, concluyó el informe.