La máxima instancia judicial del estado acatará el fallo del tribunal federal que ordena reponer el proceso de Miguel Rogelio González, quien pasó de asesino y secuestrador confeso y sentenciado a “presunto culpable” por el asesinato y secuestro de la alumna de la UPAEP Patricia Gómez Osorno. Así se revela en un reportaje del periódico 24 Horas de Puebla bajo la firma de Ignacio Juárez Galindo, mismo que por su importancia se reproduce íntegro a continuación.

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La decisión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito de amparar a Miguel Rogelio González Barroso, implicado en el plagio y asesinato de la estudiante de la UPAEP Patricia Gómez Osorno, obligó al Juzgado Cuarto de Defensa Social a reponer todo el proceso judicial 154/1998 y dictar una nueva sentencia.

De acuerdo con la Dirección de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia, tras la resolución del amparo directo 164/2015, el Juzgado Cuarto de lo Penal deberá tomar el caso nuevamente y abrir el proceso a fin de que cada una de las partes involucradas, en este caso, la defensa del presunto criminal y el Ministerio Público que defiende a la familia Gómez Osorno, presenten sus pruebas.

Una vez agotados las fases del proceso judicial, el juez Juan Marcelino Romero de Jesús deberá emitir una nueva sentencia.

Con base en el actual Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, el tribunal tiene la obligación de dictar sentencia en menos de un año, aunque a petición expresa del inculpado puede renunciar a ese plazo constitucional a conveniencia para la aportación de pruebas.

González Barroso, además, tendrá hasta junio del 2016 para poder acogerse al nuevo Sistema Penal Acusatorio –conocido como juicio oral– pero jurídicamente le conviene mantener el procedimiento actual, ya que la ley bajo la cual fue sentenciado establecía que la penalidad máxima por secuestro ascendía a 50 años de prisión y ahora es de 70.

HISTORIA DE UN PROCESO

Patricia Gómez Osorno fue plagiada el 20 de abril de 1998 a manos de su mejor amigo, Javier Solana García, y sus secuaces Juan Manuel Machorro Régules y Rogelio González Barroso. El secuestro resultó fallido desde el principio debido a que la víctima identificó a sus captores, quienes decidieron asesinarla y arrojar su cuerpo en un pozo ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Puebla, en Huejotzingo.

A pesar del homicidio, los plagiarios decidieron solicitar un rescate de 250 mil pesos, de los cuales sólo les fueron entregados 85 mil pesos, depositados en un basurero del supermercado Aurrerá San Manuel. Eso permitió su identificación el 3 de mayo de 1998.

Un día después, fueron aprehendidos y se inició el proceso 154/1998.

La sentencia condenatoria en contra de Javier Solana y Rogelio Barroso fue dictada el 5 de noviembre del 2000, en la que se les impuso una sentencia acumulada de 106 años de prisión –pero la máxima permitida era de 50 años– por los delitos de asociación delictuosa, homicidio y secuestro.

El resolutivo fue apelado ante la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia y quedó asentada en la Toca 85/2001. Fue hasta el 20 de agosto del 2012 cuando los magistrados ratificaron la sentencia, lo cual dio pie a que Solana y Barroso presentaran sendos juicios de amparo y justificaron una serie de violaciones en su derecho a un debido proceso, mismos que fueron rechazados.

La medida llevó a Rogelio Barroso a solicitar la intervención ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y justificó que su declaración de culpabilidad fue rendida mediante tortura. Bajo una serie de análisis dicho tribunal decidió otorgar el amparo directo y ordenó al Juzgado Cuarto de Defensa Social a que reponga el proceso y dicte una nueva sentencia.

LUCES SOBRE EL PROCESO

Juristas consultados explicaron que la forma en que Rogelio Barroso puede salir libre –al desvanecer la sentencia en su contra– sería que el Ministerio Público tuviera como única prueba en su contra la declaración preparatoria del hoy encarcelado, ya que resultaría materialmente imposible vincularlo con el crimen.

Sin embargo, las datos aportados por la Procuraduría General de Justicia asientan que el cuerpo de Patricia Gómez Osorno fue hallado por la Policía Judicial –así llamada en ese tiempo– con base en la narración, descripción y localización del sitio por parte de los inculpados, quienes los llevaron al punto exacto donde el cadáver fue exhumado.

Esta situación, abundaron las fuentes, establece que la dependencia cuenta con elementos suficientes para mantener una sentencia condenatoria. Sólo basta aclarar si González Barroso también guió a los agentes al sitio donde se hallaba el cuerpo de su compañera de clases.

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