A 17 años de haber secuestrado y matado a Patricia Gómez Osorno, alumna de la UPAEP, Miguel Rogelio González Barroso recibió un amparo de un tribunal federal, por lo que en breve podría recobrar su libertad a pesar de estar sentenciado a 50 años de cárcel. Así lo revela un reportaje del periódico 24 Horas de Puebla bajo la firma de los periodistas Ricardo Morales Sánchez e Ignacio Juárez Galindo, mismo que por su relevancia aquí se reproduce íntegro.

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Pese a estar confeso y sentenciado por secuestrar y asesinar a la estudiante de la UPAEP, Patricia Gómez Osorno, en un proceso con todas las instancias agotadas, Miguel Rogelio González Barroso recibió el amparo de la justicia federal contra la sentencia de 50 años de cárcel.

Diecisiete años y medio después de cometido el crimen, ese es el fallo del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del sexto circuito, integrado por Arturo Mejía Ponce de León, presidente; José María Machorro Castillo y Jesús Rafael Aragón, quien actuó como ponente.

En 1998, González Barroso, Javier Solana García y Juan Manuel Machorro Regules secuestraron y mataron a Gómez Osorno, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep).

LOS HECHOS

Los tres implicados plagiaron a Gómez Osorno el 20 de abril del 98. Como ella los reconoció, la ahorcaron y, aún viva, la echaron a un pozo cerca del aeropuerto de Huejotzingo y la apedrearon para matarla.

Luego, pidieron 250 mil pesos como rescate. El 3 de mayo recibieron 65 mil en un basurero del supermercado Aurrerá San Manuel. Fueron detenidos un día después, de acuerdo con los reportes periodísticos de Ignacio Juárez Galindo, en La Jornada de Oriente.

Los tres confesaron el delito a detalle y señalaron el sitio donde estaba el cadáver de la víctima, exhumado en las diligencias ministeriales.

Es el proceso 154/98 del Juzgado Cuarto de lo penal de la ciudad de Puebla. El 2 de febrero del 2001 se les dictó sentencia por asociación delictuosa, secuestro y homicidio calificado, la cual apelaron ante la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado dentro del Toca 85/2001, resuelto por ejecutoria de 20 de agosto de 2012 confirmando la sentencia.

JUSTICIA CIEGA

Los sentenciados buscaron amparos ante la justicia federal, pero les fueron negados. Los jueces argumentaron que no hubo violación alguna a su derecho a debido proceso y consideraron la sentencia justa y apegada a la ley.

Pero Miguel Rogelio González Barroso promovió un amparo directo radicado en el expediente 164/2015 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

Alegó que la confesión de los crímenes le fue arrancada bajo tortura. Y ese argumento puede despedazar un proceso.

El 27 de agosto de este año, se concedió el amparo y se ordena realizar a los tres delincuentes encarcelados diversos estudios periciales en psicología y medicina, así como abrir una averiguación para determinar si fueron torturados o no. Y se deberá dictar una nueva sentencia.

EL PRECEDENTE

La táctica fue copiada por otros dos secuestradores sentenciados: Mario Antonio Morales Baqueriza y Alejandro Morales Flores. Lo dice el expediente D-190/2015 también del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.

También alegan tortura para ser exculpados de su participación en la banda de secuestradores encabezada por Armando Martín de la Fuente Treviño y Sergio Bravo Velázquez.

El grupo secuestró empresarios en los años 90.

El éxito del argumento de la tortura está sustentado en el precedente creado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la francesa Florence Cassez.

Cassez fue detenida el 8 de diciembre de 2005 en la ciudad de México, junto con Israel Vallarta, líder de la banda conocida como 

LOS ZODIACO

Cassez fue señalada y reconocida como parte de la banda por sus víctimas. Así lo hacen constar los testimonios ministeriales de Ezequiel Yahir Elizalde Flores, Cristina Ríos Valladares y su hijo menor de edad.

También fue señalada como cómplice por los demás integrantes de la banda criminal.

Florence fue sentenciada originalmente a 95 años de prisión y tras una apelación se redujo su sentencia a 60 años, pero su detención originó un grave conflicto diplomático entre México y Francia, que llevó incluso al entonces presidente Felipe Calderón a romper relaciones con ese país.

El 23 de enero del 2013, por tres votos a favor y dos en contra, la Corte apoyó el proyecto elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero, mediante el cual se le otorgó el amparo a la ciudadana francesa Florence Cassez, con el argumento de que se violaron los derechos humanos de la europea al momento de su arresto –no se avisó al consulado– y proceso judicial –se hizo un montaje televisivo de la aprehensión–. Se le dio libertad inmediata no por creerla inocente sino por las faltas al debido proceso.

Los ministros que votaron en contra alertaron que este fallo fomentaría la elaboración de argucias de los defensores de delincuentes.

APRENDICES DE CRIMINALES

“¡Exigimos justicia, gobernador!”.

El grito al unísono de miles de estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, acompañados por alumnos de otros colegios católicos de la ciudad, así como organizaciones sociales, retumbaba afuera del Palacio de Gobierno.

Esa primavera, la oficina del mandatario de Puebla se ubicaba en la avenida Reforma 711.

El enojo y, en algunos, una digna rabia, tenía nombre y apellido: Patricia Gómez Osorno, una joven de 21 años de edad que, a finales de abril de 1998, había desaparecido. Se sabía que era víctima de un secuestro.

La noticia conmocionó a la entidad.

Los estudiantes de la católica universidad, azuzados por los directivos, salieron a la calles para exigir justicia.

Las cámaras empresariales, la voz de la derecha poblana, se sumaron a la condena pública.  “Estamos en la peor época de inseguridad que se haya tenido memoria”, eran los cabezales de periódicos y estaciones de radio.

Era la gota que derramaba el vaso de la adversidad que cámaras empresariales, organizaciones civiles proderechistas y políticos habían mantenido frente el gobernador Manuel Bartlett Díaz casi todo su sexenio.

La cuarteadura se hizo un abismo.

Las autoridades tomaron nota de inmediato y comenzaron una intensa búsqueda.

El gobernador recibió en sus oficinas a los padres de la víctima.

El procurador en este entonces, Carlos Alberto Julián y Nácer, desplegó todo lo que estuvo a su alcance para esclarecer el crimen.

Pero lo que encontraron fue algo más tétrico que el propio secuestro.

La sociedad poblana expectante se enteró que el responsable y autor intelectual era el mejor amigo de la víctima: Javier Solana García, miembro de unas de las familias más importantes del bloque que reclamaba justicia; sobrino del reconocido empresario Carlos Solana Pumarino.

El plagio fue realizado bajo el aliento de sus dos amigos incondicionales: Miguel Rogelio González Barroso y Juan Manuel Machorro Régules.

Primerizos en la actividad delictiva, los implicados cometieron fallos desastrozos y fueron reconocidos por Patricia. Llenos de pánico, no dudaron en asesinarla y arrojar su cuerpo a un pozo, ubicado cerca del aeropuerto de Huejotzingo.

Pese al homicidio, los aprendices de plagiarios decidieron mantener una negociación con la familia de la víctima para exigir el pago por el rescate: 250 mil pesos.

Mientras las negociaciones se realizaban, la Policía Judicial –así llamada en ese tiempo– detectó una actividad inusual: la de Javier Solana, quien en diferentes ocasiones se acercó a la familia para conocer más detalles de la investigación y los contactos que mantenían con las autoridades.

El 3 de mayo de 1998, 14 días después de quitarle la vida a Patricia Gómez, los secuestradores recibieron 65 mil pesos, cantidad depositada en un basurero de Aurrerá San Manuel.

Su ambición por el dinero los llevó a cometer un nuevo error: fueron ampliamente identificados.

Al día siguiente, los tres implicados fueron detenidos.

Ríos de tinta corrieron en las páginas de los principales diarios.

La autoridad había cumplido en esclarecer el crimen, pero la sociedad se encontró con que los responsables no eran delincuentes consumados sino el prototipo del hijo de cualquier amiga del café, las sesiones de canasta y con quienes convivían cada fin de semana en el club.

EL AZOTE DE LOS EMPRESARIOS

Era la segunda banda de secuestradores más poderosa en la entidad.

El primer sitio en el ranking delictivo lo ocupaba el enigmático Mochilas, a quien ni el Ejército Mexicano pudo detener en la Mixteca poblana. En el pueblo de Las Minas, para ser exacto, cuenta la leyenda.

Armando Martín de la Fuente Treviño, al igual que El Mochilas, sabía muy bien que Puebla era un lugar donde el secuestro podía establecer sus reales, siempre y cuando se estuviera bien organizado.

El perfil psicológico realizado por las autoridades daba cuenta de su inteligencia, su capacidad de liderazgo, sus emociones frías y controladas bajo una mente capaz de responder en momentos de mucho estrés.

Su primer golpe en la entidad no fue contra cualquier empresario. Optó por uno que enraizaba la tradición y el prestigio: Carlos Álvarez García, dueño de la famosa tienda de ropa La Nueva España de Puebla, enclavada en pleno corazón de la ciudad.

Era el 23 de noviembre de 1995.

El primer ejercicio fue todo un éxito: 500 mil pesos en la bolsa por el rescate. Ningún detenido.

Con la seguridad que trae un buen arranque del proyecto criminal, la banda encabezada por De la Fuente Treviño dilató sólo un par de meses para dar su segundo golpe. La nueva víctima fue el constructor Roberto Moreno Rosas, por cuyo rescate obtuvo 850 mil pesos.

Con la experiencia adquirida, Martín de la Fuente ideó su nuevo plan. Uno más ambicioso, meticuloso y más arriesgado. La logística le tomó más de ocho meses.

Su modus operandi iniciaba con una vigilancia pormenorizada de los movimiento de sus víctimas y su situación económica. El día del golpe los interceptaban afuera de sus viviendas, por lo regular en la noche, y los mantenían cautivos en sitios con espacios pequeños. Por ejemplo, a Carlos Álvarez lo mantuvieron algunos días en una cisterna.

Luego venía la comunicación con los familiares, a quienes les hablaban una vez que el plagiado les proporcionaba información exacta del manejo financiero de sus empresas, cuentas e ingresos.

El 16 de octubre de 1996, los titulares de la prensa daban cuenta del secuestro del empresario textilero Jesús Migoya Junco. Tres días después, reapareció tras pagar un rescate de 2.1 millones de pesos.

Todo marchaba de maravilla para la banda de los Treviño.

Mientras, en la Dirección Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia todo estaba confuso y recibía la enorme presión de los diferentes sectores políticos, económicos y sociales para ofrecer resultados cuanto antes.

Enfundados en una confianza ciega de su habilidad para el secuestro, los integrantes de la banda de Armando de la Fuente dirigió su atención hacia la familia Téllez Rojas, una de las más poderosas económicamente hablando. El 24 de febrero de 1997, Yuri Téllez, estudiante de la Universidad Iberoamericana en Puebla, fue raptada.

Sin embargo, De la Fuente Treviño cometió un grave error: incumplió uno de los procedimientos básicos. Sus capturas no duraban más de tres días, pero con Yuri dilataron 17, aunque logró obtener 4 millones de pesos por el rescate.

Craso error. En una oportunidad, durante el cautiverio, la estudiante logró identificar una barda en la zona de Cholula que serviría para la posterior localización de la casa donde estuvo como rehén.

La memoria de ella guió la captura de sus victimarios.

Armando Martín de la Fuente Treviño fue detenido en Chihuahua tras varios meses de seguirle la pista.

El día que le dictaron sentencia –el 14 de diciembre de 1999– habían pasado 31 meses de haber sido capturado. Al escuchar el fallo del juez, el secuestrador ni se inmutó.

Jesús Migoya fue la única de sus víctimas que estuvo presente.

“Nunca perdí la confianza de que se haría justicia”, fue la frase que definió el estatus del empresario.

Fuente: http://24horaspuebla.com/a-un-paso-fuera-de-la-carcel-captor-y-asesino-de-alumna-upaep/

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