En la Región Norte del Estado de Puebla, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a través de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI), esclareció dos casos de secuestro en los que fueron privadas de la libertad tres víctimas, dos del sexo femenino y una del sexo masculino. 

El 17 de octubre de 2015, aproximadamente a las 18:00 horas, dos hermanas, una de ellas ama de casa y la otra contadora, de 58 y 68 años de edad, al salir de su rancho a bordo de su vehículo en la población de San Agustín, Atlihuacán, municipio de Xicotepec de Juárez, Puebla, fueron interceptadas por sujetos que al cerrarles el paso, descendieron de un vehículo para amagarlas y subirlas a la cajuela, privándolas de su libertad, y trasladándolas a una casa de seguridad. 

Ya en la casa de seguridad y tras el interrogatorio que les realizaron sus captores, decidieron liberar a una de las víctimas a efecto de que consiguiera 3 millones de pesos como rescate por su hermana mayor. A la víctima liberada, la abandonaron en las inmediaciones del camino que conduce a Tlapehuala, a la altura de la autopista México-Tuxpan. 

Al día siguiente, 18 de octubre, los captores realizaron la primera llamada de exigencia económica, y refirieron que el vehículo propiedad de las víctimas había sido abandonado en las inmediaciones de Villa Ávila Camacho. 

Fue hasta el 19 de octubre, cuando familiares de las víctimas se presentaron ante esta Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto para presentar la formal denuncia por el delito de secuestro, dando con ello inicio a la carpeta de investigación correspondiente así como a las labores de análisis y rastreo de información que permitieran desarrollar líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos. 

Como resultado del análisis de información se estableció que el modus operandi era igual al utilizado en un evento anterior ocurrido en agosto, en la misma zona, y en el que la víctima fue privada de la vida sin importar que los familiares hubiesen realizado dos pagos de rescate en diferentes fechas, lo que planteó la urgencia de localizar a la víctima actual. 

El 21 de octubre del mismo año, Agentes Ministeriales adscritos a esta Dirección General lograron obtener de la información recabada, la posible ubicación de la casa de seguridad, ordenándose la realización de un operativo de rescate, por lo que en las primeras horas del 22 de octubre se incursionó a la posible casa de seguridad en las inmediaciones del camino a Tlalcoyunga, ubicada a 5 minutos del río Sifón, en Huauchinango, Puebla, en donde se logró el aseguramiento de:

Alexander “N”, de 25 años de edad, originario de Atoyac Guerrero.

Zeferino Mario “N”, de 41 años de edad, originario de Huauchinango, Puebla. 

Una vez ya en el interior del inmueble se localizó el cuarto que los captores habían acondicionado para mantener a sus víctimas privadas de la libertad, sin embargo, no se encontró a la víctima, esto es, el cuarto estaba acondicionado pero vacío. Se ordenó la inspección de las inmediaciones de la casa de seguridad la cual se ubica en un terreno de difícil acceso junto a una barranca, dando como resultado de la inspección, que a 25 metros de la casa de seguridad, se localizara el cuerpo sin vida de la víctima, tapado con la misma hierba del lugar. 

Se logró también el aseguramiento de un vehículo marca Nissan, tipo Frontier, color blanco con placas de circulación del Estado de Puebla, y teléfonos celulares, incluido uno de los ocupados por los captores para negociar la liberación de la víctima. 

En relación al secuestro anterior cometido por los mismos probables en el mes de agosto, debe señalarse que los familiares de la víctima acudieron a denunciar los hechos una vez que ya habían realizado el pago para la liberación de su familiar sin que fuera liberado, por el contrario, fue privado de la vida.  

La víctima era una persona del sexo masculino de 38 años de edad de ocupación comerciante, originario de Xicotepec de Juárez y vecino de Nuevo Necaxa, perteneciente al municipio de Juan Galindo, Puebla, por quien exigían la cantidad de 5 millones de pesos para su liberación, pagando la familia en total 342,800 pesos. 

Los probables responsables ya fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional competente por el delito de secuestro. Debe destacarse que la penalidad por el delito de secuestro es 40 a 80 años de prisión, sin embargo se agrava de 80 a 140 años de prisión para a aquellos que privan de la vida a su víctima, esta pena constituye una de las más altas.