Para el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, Puebla es un ejemplo representativo de las restricciones a las candidaturas independientes que los Congresos locales impusieron en la pasada reforma político electoral, que violentan el derecho humano a ser votado por esa vía.

En el cuaderno de investigación sobre la materia (La Reforma Político-Electoral de 2014: Diagnóstico, primeros resultados y principales desafíos), se afirma que ante la posibilidad real de acceso al poder político que los independientes mostraron, Congresos locales de nueve estados aprobaron leyes restrictivas. Puebla es “uno de los casos más emblemáticos”.

Se hace referencia a los 20 días previos al inicio del periodo de campaña para el registro de los candidatos, cuando la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) daban 120 días para recabar el apoyo ciudadano (firmas) en el caso de las candidaturas a la Presidencia de la República.

La investigación –alojada este miércoles en el portal del IBD- también señala la obligatoria presencia de ciudadanos en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) para ratificar el apoyo a los aspirantes, lo que representaba que 131 mil poblanos (3% del padrón electoral) comparecieran en menos de 480 horas.

Éstos y otras regulaciones en diferentes legislaciones locales le sucedieron diversas acciones de inconstitucionalidad que obligaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a pronunciarse.

Sin embargo, aunque la SCJN ha resuelto que los congresos estatales tienen libertad configurativa para regular las candidaturas independientes en el ámbito estatal, el IBM apuntó que en las reformas locales es importante tomar en cuenta una perspectiva de derechos humanos (el principio propersona y el principio de progresividad).

“Cabe preguntarse en qué medida las legislaciones locales que hacen más restrictiva la construcción de una candidatura independiente violentan el ejercicio del derecho humano a ser votado por esa vía”.

Y es que el principal reto es preservar en el ámbito estatal el espíritu que se planteó en la reforma constitucional y legal en el ámbito federal, para permitir el ejercicio real del derecho a ser votado por una vía diferente a la de los partidos políticos, dice la investigación.