Por prescripción, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados desechó las solicitudes de juicio político contra el ex gobernador Mario Marín Torres, junto con otras 109 peticiones que se presentaron desde 2003 a la fecha, de un total de 364 que existían.

Las demandas de sentar en el banquillo de los acusados al llamado "góber preciso", que datan de hace 12 años, estuvieron en la congeladora legislativa prácticamente desde su presentación, por acuerdo político entre las bancadas panista y priísta, con el apoyo de otros grupos parlamentarios.

Este trámite se realizó con 12 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Entre quienes votaron a favor de desechar esos planteamientos, destaca la diputada priísta y ex delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en Puebla, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, quien a su vez es presidenta de la Comisión de Gobernación de la actual legislatura.

La resucitación que no prosperó

Puebla Online publicó en agosto pasado que, 10 años después de que fueron presentadas, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, instancia que atiende solicitudes de desafuero y juicio político, abordará cinco solicitudes que fueron presentadas contra el entonces gobernador Mario Marín Torres, en el marco de caso Lydia Cacho.

(http://www.pueblaonline.com.mx/2015/portal/index.php/

politica/item/43383-buscan-reactivar-en-san-lazaro-juicios-politicos-contra-mario-marin#.WLhwafl97IU)

Aunque sin muchas posibilidades jurídicas de éxito, por el tiempo que ha pasado, hay la advertencia de legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de que se podrían revivir los casos y al menos llevarlos de nueva cuenta al tribunal de la opinión pública.

En 2005, cuando en una grabación se dio a conocer el contubernio entre el ex gobernador y el empresario Kamel Nacif para encarcelar a la autora de Los Demonios del Edén, distintos actores presentaron cinco solicitudes de juicio político contra Mario Marín.

El 17 de febrero, el entonces coordinador de los diputados del PRD, Pablo Gómez Álvarez, promovió la primera demanda de juicio político ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

Tres días después, a través del entonces presidente de la dirigencia colegiada, José Narro Céspedes, el Partido del Trabajo (PT) presentó una nueva solicitud y exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) que agilizara la investigación contra el ex mandatario.

El 14 de marzo, fue el turno de los empresarios, quienes encabezados por el ex dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Eduardo García Suárez, presentaron también ante la Cámara baja una demanda de juicio político.

Entonces advirtieron que, si no se separaba voluntariamente del cargo, realizarían un paro comercial en todo el estado.

Dos días más tarde llegó el turno del senador perredista Rafael Palacios Cordero, quien también hizo lo propio.

En su documento argumentó la “probable responsabilidad en la comisión de delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Código Penal Federal y el Código de Defensa Social de esa entidad, así como la violación a los artículos 22 y 116 de la Constitución”.

Finalmente, el 30 de marzo, el Frente Cívico Poblano en Defensa del Estado de Derecho entregó a la Cámara de Diputados una petición de juicio político contra el góber precioso, “por impulsar acciones contra la periodista Lydia Cacho y en defensa del empresario textilero Kamel Nacif, y, por ende, de redes de pederastia en el país”.

Casos aún vigentes

Sobre la decisión de ayer, el también copresidente de ese órgano y presidente de la Comisión de Justicia de la LXIII Legislatura, el priísta Álvaro Ibarra Hinojosa, citó para el 22 de marzo, a fin de analizar los 255 casos que quedaron vigentes.

Entre la lista de solicitudes desechadas figuran el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en su calidad de procurador General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) (octubre 2011); los ex mandatarios capitalinos, Marcelo Ebrard Casaubón y Alejandro Encinas Rodríguez.

Los ex gobernadores de Puebla, Morelos, Jalisco, Sonora, Veracruz, Nuevo León, Guerrero y Yucatán, Mario Marín Torres, Marco Antonio Adame Castillo, Emilio González Márquez, Guillermo Padrés Elías , Fidel Herrera Beltrán, Rodrigo Medina de la Cruz, Ángel Aguirre Rivero e Ivonne Ortega Pacheco, respectivamente, entre otros.

Además, los ex secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Salud, de Educación, de Seguridad Pública, Agustín Cartens Cartens y Francisco Gil Díaz, Julio Frenk Mora, Reyes Tamez Guerra y Genaro García Luna, respectivamente, así como los ex titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) Marisela Morales Ibánez, Daniel Cabeza de Vaca Hernández y Eduardo Medina Mora.

También destacan los ex titulares del Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Carlos Ugalde Ramírez y Leonardo Valdés Zurita; el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, y el ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, así como ex diputados y ex senadores de distintas legislaturas.

La también copresidenta de la Subcomisión de Examen Previo, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Nacionalque de las más de 300 solicitudes de juicio político recibidas por la Cámara de Diputados, “109 ya prescribieron”, de acuerdo a los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Las otras posiciones

Los diputados Jorge Triana Tena (PAN) y Rafael Hernández Soriano (PRD) plantearon la necesidad de analizar, antes de cualquier votación, cada uno de los expedientes de los ex funcionarios mencionados en la lista desechada, a fin de no dejar duda sobre la prescripción de las solicitudes de juicio político.

El diputado Alfredo Basurto Román (Morena), quien votó en contra de la prescripción, propuso elaborar un análisis breve de cada solicitud, antes de someter a votación el listado de referencia.

La Subcomisión de Examen Previo está integrada por las comisiones de Gobernación y Justicia, presididas por los diputados Mercedes Del Carmen Guillén Vicente (PRI) y Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), respectivamente.