Rafael Moreno Valle informó que irá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para pedir que se revise la resolución que el Instituto Nacional Electoral tomó en contra de la difusión de sus actividades como gobernador de Puebla.
Aquí el mensaje que dio en una conferencia de prensa en la Ciudad de México:
Quisiera decirles que el Instituto Nacional Electoral ha intensificado la supervisión de mis acciones públicas y me ha requerido la sustentación minuciosa de un sinfín de actividades, incluso, las más cotidianas que forman parte de mi responsabilidad como gobernador de Puebla.
Respetuosos de la autoridad electoral, siempre hemos atendido en tiempo y forma sus requerimientos, acatando todas sus resoluciones; a pesar de que en muchas ocasiones, los plazos que otorgan para su cumplimiento son sumamente breves.
Alarmantemente, la acusación más endeble y a todas luces violatoria de cualquier dinámica democrática fue aprobada, el jueves pasado. El Instituto, llegó al extremo de prohibirme emitir declaraciones frente a los medios de comunicación que constituyan promoción de logros de gobierno o de mis cualidades personales, incluso a pregunta expresa.
Asimismo, ordenó a un medio de comunicación retirar una entrevista de sus portales.
En otras palabras, ha intervenido en la decisión editorial que sólo debe incumbir a los medios y se ha tomado la atribución de decidir la integración de sus contenidos. Violando, el Artículo sexto de la Constitución que establece: “la manifestación de las ideas, no es objeto de ninguna inquisición, judicial o administrativa”.
Esta resolución, violenta mis derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos, a la rendición de cuentas sobre mi gestión en el Gobierno de Puebla.
Adicionalmente, atenta contra las garantías establecidas en tratados internacionales, entre otros: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José.
Este intento de censura, cuando todavía no ha iniciado el proceso electoral del 2018, debe poner en alerta a los medios de comunicación y a todos los actores políticos de nuestro sistema democrático. Evidentemente, el uso arbitrario de la ley hoy me perjudica. Sin embargo, si permitimos que esto se convierta en norma, mañana atentará contra cualquier otro ciudadano.
Los acuerdos de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE son discriminatorios contra mi persona, pues lo que me reclaman, forma parte del discurso de otras figuras públicas, como a continuación podrán observar.
Evidentemente, el comportamiento de la Comisión es errático.
Adicionalmente, las reformas realizadas al artículo 134 en el 2007, que apoyé como Senador de la República, tenían como objetivo que los funcionarios apliquen con imparcialidad los recursos públicos sin influenciar la equidad de la competencia entre los partidos políticos y que la propaganda gubernamental que no pudiera implicar promoción personalizada.
En este contexto, nunca se previó que se utilizarían los spots de los partidos políticos, como medio de promoción personalizada. Particularmente, por quienes abiertamente han manifestado su intención de participar en la contienda del 2018, como Andrés Manuel López Obrador. Es inexplicable, que el Instituto no haya actuado en ese caso cuando se utilizan recursos públicos.
Lamentablemente, al no conducirse conforme a derecho. El INE ha propiciado inequidad, intentando cancelar mis garantías individuales y permitiendo a otros el mismo comportamiento, por el cual se me censura.
En este contexto, he tomado la decisión, de interponer el recurso de revisión en contra del acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.