Después de tres meses de que se presentó una solicitud de expulsión, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI decretó la noche de este martes la salida del gobernador de Veracruz con licencia, Javier Duarte de Ochoa.
El pasado mes de julio el consejero político Armando Barajas solicitó la expulsión de Duarte de las filas del partido bajo las acusaciones de falta de probidad como militante y daño a la imagen partidista.
Luego, en septiembre, el exsecretario del ICADEP, César Mora, interpuso un recurso para que se suspendieran los derechos políticos del gobernador con licencia y otros seis de sus colaboradores.
Hoy a las 13:00 horas se esperaba que Duarte o su representante legal acudieran ante la citada Comisión para presentar sus alegatos de defensa, pero nunca aparecieron.
Sobre su ausencia, el PRI emitió esta tarjeta:
“La audiencia que fijó la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del CEN del PRI para escuchar a Javier Duarte esta tarde, ha concluido. Los integrantes de la Comisión han comenzado a elaborar el acta correspondiente para dar cuenta de lo ocurrido”.
“El ex gobernador de Veracruz no acudió a su cita. Tampoco respondió a los oficios que se le enviaron desde hace tres semanas a sus oficinas en aquel estado”.
“Al no responder al llamado de la Comisión, ha perdido su derecho de audiencia y también su derecho de defensa, de acuerdo a lo que establecen los Estatutos del partido”.
El senador Arturo Zárate, miembro de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, dio a conocer la determinación de expulsar del PRI a Duarte, quien al inicio del gobierno Enrique Peña Nieto calificara como “la nueva cara” del partido.
El legislador dijo en conferencia que fue expulsado por falta de probidad como funcionario público y falta de ética en su actuación como gobernador.
Agregó que era “un precedente moderno” lo que hacía el PRI al expulsar a un mandatario estatal que aún está en funciones.
Cabe recordar que Javier Duarte se encuentra prófugo desde el pasado 17 de octubre, luego de que la PGR dictó una orden de aprehensión en su contra y ejerció acción penal contra los dueños y apoderados de las empresas fantasma que recibieron contratos de más de 645 millones de pesos de su administración.
