Diez años después de que fueron presentadas, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, instancia que atiende solicitudes de desafuero y juicio político, abordará cinco solicitudes que fueron presentadas contra el entonces gobernador Mario Marín Torres, en el marco de caso Lydia Cacho.

Aunque sin muchas posibilidades jurídicas de éxito, por el tiempo que ha pasado, hay la advertencia de legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de que se podrían revivir los casos y al menos llevarlos de nueva cuenta al tribunal de la opinión pública.

En 2005, cuando en una grabación se dio a conocer el contubernio entre el ex gobernador y el empresario Kamel Nacif para encarcelar a la autora de Los Demonios del Edén, distintos actores presentaron cinco solicitudes de juicio político contra Mario Marín.

El 17 de febrero, el entonces coordinador de los diputados del PRD, Pablo Gómez Álvarez, promovió la primera demanda de juicio político ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

Tres días después, a través del entonces presidente de la dirigencia colegiada, José Narro Céspedes, el Partido del Trabajo (PT) presentó una nueva solicitud y exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) que agilizara la investigación contra el ex mandatario.

El 14 de marzo, fue el turno de los empresarios, quienes encabezados por el ex dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Eduardo García Suárez, presentaron también ante la Cámara baja una demanda de juicio político.

Entonces advirtieron que, si no se separaba voluntariamente del cargo, realizarían un paro comercial en todo el estado.

Dos días más tarde llegó el turno del senador perredista Rafael Palacios Cordero, quien también hizo lo propio.

En su documento argumentó la “probable responsabilidad en la comisión de delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Código Penal Federal y el Código de Defensa Social de esa entidad, así como la violación a los artículos 22 y 116 de la Constitución”.

Finalmente, el 30 de marzo, el Frente Cívico Poblano en Defensa del Estado de Derecho entregó a la Cámara de Diputados una petición de juicio político contra el góber precioso, “por impulsar acciones contra la periodista Lydia Cacho y en defensa del empresario textilero Kamel Nacif, y, por ende, de redes de pederastia en el país”.

El tema deberá desahogarse en estos días, con otros 314 expedientes pendientes en la Cámara de Diputados, aunque luego del tiempo que ha pasado y dado que ya no está en el cargo, es previsible que se desechen.

Aunque mediáticamente el tema causará impacto.