Las instituciones que integran el Consorcio Universitario de Puebla y cámaras empresariales de la entidad presentaron la iniciativa ciudadana #Ley3de3, que pretende obligar a los autoridades de todos los niveles a transparentar sus bienes, sus interéses económicos y de amistad, así como su declaración fiscal, para combatir los niveles de corrupción.

En las instalaciones de la Universidad Iberoamericana de Puebla, rectores y representantes del Tecnológico de Monterrey, la Universidad de las Américas Puebla, del Instituto de Estudios Universitarios, de la Universidad Popular Autónoma de Puebla y de la Universidad Madero, firmaron un convenio para unir esfuerzos en promover esta iniciativa ciudadana en el Congreso de la Unión bajo el nombre de Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Para ello, se requiere la firma de 120 mil ciudadanos para que ambas cámaras admitan la discusión de la iniciativa de ley, que también define los tipos de corrupción en los que puede incurrir un servidor público y cómo castigarlos.

En la elaboración del proyecto de ley que respaldan las universidades privadas de Puebla participaron Enrique Cárdenas Sánchez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Sergio Huacuja Betancourt, del Comité Anticorrupción de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y Eduardo Bohórquez López, director de Transparencia Mexicana.