El Diputado Juan Pablo Piña, integrante de la Comisión de Justicia, durante la Primera Reunión Extraordinaria de dicha Comisión, propuso aprobar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.
En su exposición el Diputado señaló que la iniciativa “permitirá a las instituciones encargadas de administración y procuración de justicia contar con herramientas suficientes para erradicar el gravísimo problema de robo de hidrocarburo que está afectando al país y a la economía nacional”.
A su vez, el legislador poblano se mostró preocupado con la situación que enfrenta PEMEX actualmente, ya que se calcula que diariamente la empresa pierde cerca de 50 millones de pesos por la extracción ilegal de hidrocarburos en los ductos, durante 2014 el monto de la mercancía robada tuvo un valor de 19 millones de pesos, lo que equivale al 4.4% del total de venta de gasolina magna y diesel en el país, por lo que se tiene que actuar en consecuencia.
Aunado a ello, expresó que éste “delito se ha multiplicado en varias entidades de la República, especialmente en aquellas donde pasan los ductos de la industria petrolera.” Durante el primer trimestre de 2015 el robo de hidrocarburos aumentó 57% respecto a 2014 y se estima que existen alrededor de 4,800 tomas clandestinas en nuestro territorio.
Ante ello, afirmó que los diputados del PAN están de acuerdo con la iniciativa de ley en el sentido de otorgar los medios necesarios a PEMEX, a la PGR y al Servicio de Administración y Enajenación (SAE), facultades suficientes para poder combatir este ilícito.
Dentro de sus propuestas, el Diputado Piña enfatizó la necesidad de sancionar ejemplarmente a los trabajadores de PEMEX que participen en el robo de hidrocarburos aumentando en su caso las penas hasta en tres cuartas partes, así como de agravar las sanciones contra los franquiciatarios que vendan litros de combustible incompletos, abriendo la posibilidad para el SAE de intervenir las estaciones de servicio en donde se detecte combustible robado o alteración en las bombas despachadoras y de comprobarse el delito, ordenar el retiro inmediato de la franquicia.
Incluye la propuesta de utilizar marcadores químicos en el combustible que se comercialice en las estaciones de servicio con la finalidad de determinar la procedencia del mismo.
Las sanciones que se proponen son de 25 años de prisión y hasta 25000 días de salario mínimo vigente a aquellos que aprovechen o comercialicen hidrocarburos o petroquímicos robados, considerando estos delitos como graves y por lo tanto no alcanzarían fianza.
La Comisión de Justicia aprobó el Dictamen correspondiente y lo turnará al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y en su caso aprobación en próximas sesiones.