“Es falso que el compañero disparara contra el civil que se encontraba en el piso y que estaba herido”, relata un soldado que participó en el enfrentamiento de Palmarito Tochapan del pasado 3 de mayo, citado por el periodista Luis Miranda en su columna “En la mira”, publicada este jueves en el periódico El Universal.
En su testimonio -al que tuvo acceso el columnista-, el elemento de las Fuerzas Armadas sostiene que el disparo efectuado a quemarropa en contra de un civil ya sometido en el suelo, impactó a un lado del presunto huachicolero que amenazaba con matarlos desde que descendió de la camioneta:
“Es falso que el compañero disparara contra el civil que se encontraba en el piso y que estaba herido, ya que cuando fue bajado de la camioneta gritaba que nos iban a matar a todos y que nos cargaría la chingada, por lo que al quedarse callado, el compañero que se acercó lo pateó para ver si seguía con vida y detonó su arma de fuego a un costado, donde nunca se disparó contra el civil, el cual ya se encontraba muerto”.
Luis Miranda también cita investigaciones de la Fiscalía de Puebla en contra de “Pablo Morales, edil de Palmar de Bravo, es dueño de al menos dos gasolineras y a Néstor Camarillo, edil de Quecholac”, a quienes coloca como “los gobernantes de una parte del llamado Triángulo Rojo”.
Aquí la columna:
Desde hace unos meses, la fiscalía de Puebla tiene investigaciones abiertas contra varios alcaldes sospechosos de participar en la red de ordeña de gasolina a ductos de Pemex.
Uno de ellos, Pablo Morales, edil de Palmar de Bravo, es dueño de al menos dos gasolineras y a Néstor Camarillo, edil de Quecholac, en donde se ubica Palmarito, le mataron en febrero, a manos de un supuesto huachicolero, a uno de sus mejores amigos y elemento clave en de su cabildo: al regidor de Industria y Comercio del municipio, Jorge Hernández Jiménez.
Ambos alcaldes gobiernan parte del llamado Triángulo Rojo, la zona de operación de las bandas poblanas que se dedican al robo de combustible, un negocio que vale la pérdida para Pemex de al menos cien mil millones de pesos al año.
Fuentes federales cercanas al caso apuntan a que la filtración de los videos a medios locales de Puebla pudiera ser responsabilidad de autoridades en la región que pretenden inhibir la operación de militares en acciones contra las bandas de huachicoleros con las que se encuentran coludidas.
Ayer por la tarde tuve acceso a uno de los testimonios de un elemento de las Fuerzas Armadas que participó en los hechos de Palmarito, reproduzco parte de su declaración:
“En la segunda incursión, después del abatimiento de dos compañeros, ese mismo día ingresamos en El Palmarito de Quecholac, en el estado de Puebla, desde que llegamos fuimos recibidos por ráfagas que provenían de armas largas, hubo gente que nos esperaba resguardada en diferentes puntos, al ver gente armada procedimos a su detención, lo que se observa en el video, también éstos tenían aparatos de comunicación donde sabían y observaban todos nuestros movimientos.”
“Durante la refriega se detonaron armas de fuego largas contra el personal, así como se utilizaron en varias ocasiones fuegos artificiales para avisar de nuestra llegada a los demás delincuentes que se encontraban en el pueblo y de esa manera atacarnos”.
“Es falso que el compañero disparara contra el civil que se encontraba en el piso y que estaba herido, ya que cuando fue bajado de la camioneta gritaba que nos iban a matar a todos y que nos cargaría la chingada, por lo que al quedarse callado, el compañero que se acercó lo pateó para ver si seguía con vida y detonó su arma de fuego a un costado, donde nunca se disparó contra el civil, el cual ya se encontraba muerto”.
Habrá que esperar los peritajes que realice la PGR sobre el cuerpo del civil, ¿tiene o no tiene una herida de bala en la cabeza?
Fuente: www.eluniversal.com.mx
