De acuerdo con las necesidades de la sociedad frente al sistema procesal penal acusatorio, y con el fin de generar confianza y mejores condiciones en la institución del ministerio público en el estado, la Fiscalía General realizó cambios en la estructura orgánica.

Atendiendo a los requerimientos y retos que enfrenta la procuración de justicia en Puebla, se nombró a los siguientes Fiscales especializados:

La Fiscalía de Investigación Metropolitana quedará a cargo de Gustavo Luis Huerta Yedra, servidor público que se desempeñaba como Fiscal de Investigación Regional, y que desde el año 2011 formó parte de la antes Procuraduría General de Justicia del Estado, en el cargo de Subprocurador de Investigación Regional.

La atención en el  interior del estado, estará a cargo de Jaime Huerta Ramos, como Fiscal de Investigación Regional, quien se desempeñaba como titular de la Dirección General del Sistema Tradicional en la institución. Es maestro en ciencias penales por la Facultad de Derecho y Ciencias Penales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y cuenta con 24 años de servicio en la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General.

Por otra parte, María Eugenia Calderón Oliman fungirá como Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Es maestra en derecho constitucional y amparo, por la Universidad Iberoamericana de Puebla, y egresada de la escuela Libre de Derecho, anteriormente estaba a cargo de la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos.

Finalmente, en cumplimento con los acuerdos nacionales para la implementación del Sistema Anticorrupción, se nombró a Enrique José Flota Ocampo, como Fiscal Anticorrupción en el estado, quien anteriormente encabezaba la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana del Distrito Federal, ciudad donde también ocupó los siguientes cargos: Coordinador de Asesores de la Secretaría de Gobierno; Coordinador de Asesores de la Jefa de Gobierno; Asistente Dictaminador de Procedimientos No Penales, de la Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia; y Coordinador de Asesores del Procurador General de Justicia.

Todos los funcionarios públicos nombrados, fueron debidamente evaluados y acreditados en control de confianza por la autoridad federal, certificados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la República.