A partir de junio de 2016 el sistema de justicia penal opera en todo el país, lo que permite proteger a las víctimas y respetar los derechos de los imputados.

Uno de sus principales beneficios es evitar el uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar. Para ello, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece un amplio catálogo de medidas que pueden ser impuestas por los juzgadores, en pleno respeto de los derechos humanos y procesales de víctimas e imputados. Por ejemplo, en el lugar de la prisión preventiva el Juez puede ordenar otras medidas cautelares como: exhibición de una garantía económica, embargo de bienes, inmovilización de cuentas bancarias, prohibición para salir del país o de su localidad, entre otras.

Las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS), cuentan con especialistas encargados de realizar un perfil de la persona imputada atendiendo a la información de su entorno socioeconómico, antecedentes procesales y comportamiento, para determinar el riesgo que representa para la víctima, la sociedad y el proceso. Dicha información se proporciona al Ministerio Público y la Defensa, quienes expondrán ante el Juez de Control, la necesidad o no de imponer una medida cautelar. Una vez que el Juez ha escuchado los argumentos de cada parte, decidirá si impone o no una medida y en caso de que decida hacerlo, la UMECA dará seguimiento y supervisará el debido cumplimiento de esta, así como, de las condiciones que se establezcan para la suspensión del proceso si es que se accede a esta salida alterna al proceso. 

Algunos sectores de la sociedad civil y la academia han cuestionado el funcionamiento del sistema penal acusatorio, argumentando que de poco sirve detener al probable responsable de la comisión de un delito, si es puesto en libertad. “Hay que ponerle un tope a la puerta giratoria” afirman. En la medida en que las UMECAS generen información y den seguimiento sobre el riesgo de un imputado, será posible que quien legítimamente merezca prisión preventiva sea privado de su libertad, mientras continua el procedimiento penal o bien, que quede en libertad pero sujeto a medidas cautelares eficientes y vigiladas.

En cumplimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Seguridad coordinaron diversas mesas de trabajo interinstitucionales con el objetivo de crear un modelo homologado de Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS). Se contó con la participación de autoridades federales, titulares y operadores de estas Unidades de distintas Entidades Federativas, organismos de cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil y académicos, que a través de sus experiencias operativas y mejores prácticas permitieron construir un modelo eficiente y de calidad para su implementación a nivel nacional.

El Modelo Homologado determina las necesidades de recursos humanos, infraestructura, equipamiento, capacitación y reorganización institucional para el buen funcionamiento de estas. El modelo debe servir como referencia a las Entidades Federativas para fortalecer esta figura de vital importancia para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio.

Las Entidades Federativas destinarán recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para el fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Supervisión Condicional del Proceso. Precisar los montos en caso de cuenten con ellos.

La correcta aplicación de las medidas cautelares brindan certeza jurídica, privilegia la presunción de inocencia y la seguridad ciudadana, reducen el uso de la prisión preventiva y en consecuencia, la disminución de  costos procesales.

Evita la criminalización de las personas sujetas a un proceso penal, otorgándoles el derecho de gozar de su libertad mientras se determina su culpabilidad o inocencia mediante un mecanismo que facultan a la autoridad a determinar que dicha persona no representa un riesgo para la víctima y la sociedad.