El Ayuntamiento de San Pedro Cholula, encabezado por José Juan Espinosa Torres, perdió el primer round en la controversia constitucional 53/2017 que presentó para echar abajo la reforma a la fracción VI del artículo 12 de la Constitución Política de Puebla, aprobada por el Congreso del estado, que establece como un derecho el acceso al agua para los habitantes de la entidad poblana.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena tomó la decisión de rechazar la petición de suspensión a través del cual la Comuna cholulteca solicitó que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula  o el mismo municipio “continúe prestando” esos servicios y las autoridades estatales se abstengan aplicar la reforma.

De acuerdo con la resolución, cuya copia obra en poder 24 Horas Puebla, al realizar una revisión del expediente Ortiz Mena halló una serie de inconsistencias por parte del Ayuntamiento de San Pedro Cholula que lo llevaron a rechazar la petición.

“Procede negar la suspensión en los términos solicitados por el accionante, en virtud de que no acredita la existencia de un acto concreto de aplicación relativo a la suspensión o cancelación de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado que lleva a cabo el municipio actor o que otorga a través de su sistema operador”, se asienta en la resolución, la cual fue dictada el pasado 24 de febrero, pero se notificó a las partes involucradas hasta los primeros días del presente mes de marzo.

En dicha resolución, misma que fue ocultada por la gestión de Espinosa Torres o bien se evitó su difusión, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le corrige la plana al autodenominado primer ayuntamiento del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena):

“No es posible otorgar la suspensión respecto a actos futuros, inciertos e indeterminados dado que la suspensión en controversia constitucional procede siempre y cuando de una valoración de la naturaleza de los actos concretos se advierta que estos son susceptibles de suspenderse, situación que en el presente caso no acontece pues, se insiste, no hay acto específico que en este momento se tilde de inconstitucional”.

En el texto, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena advirtió que la solicitud implica, además, involucrase con el fondo de la controversia presentada y que deberá resolver exclusivamente el pleno de la Corte.

Y, abundó que los efectos que se derivan de la petición contravienen el artículo 14, párrafo segundo, de la ley reglamentaria sobre controversias constitucionales, el cual establece que “la suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales”.

Así pues, el ministro sostuvo que “conceder la medida cautelar –solicitada por el Ayuntamiento de San Pedro Cholula– para que el efecto que no se materialice o ejecute el contenido de la fracción VI del artículo 12 de la Constitución Política de Puebla, implicaría desconocer la obligatoriedad de la norma legal impugnada”.

La discordia

El 6 de enero pasado, el Congreso del estado aprobó la reforma a la fracción V del artículo 12, que asienta “el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. El Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.

Pese a que se trataba de dar concordancia a la Constitución local con la Carta Magna, el 13 de febrero José Juan Espinosa Torres presentó la controversia constitucional 53/2017, bajo el argumento de que la reforma pretendía la privatización de los servicios de agua potable y alcantarillado.

A los pocos días, trascendió que Espinosa Torres, siendo diputado local entonces por el partido Movimiento Ciudadano (MC), avaló la reforma que permitió la concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado a la empresa Agua de Puebla para Todos.

A la par, las fracciones partidistas en la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado emitieron un comunicado para desmentir las versión del munícipe cholulteca. Incluso, su compañero de partido, Julián Peña Hidalgo, en la misma tribuna legislativa lo confrontó al señalar que la reforma no tiene “ningún efecto privatizador” o “ánimo de concesionar el servicio”.

En el mismo sentido, el gobernador José Antonio Gali Fayad reprochó que el tema del agua estuviera siendo utilizado con evidente lucro político.

Y es que José Juan Espinosa se encuentra en la lista de aspirantes a la gubernatura por parte de Morena. A decir de otras fuentes, el objetivo del edil es utilizar el tema para lograr posicionarse en el electorado.

Fuente: http://24horaspuebla.com