El expediente oscuro de Eduardo Rivera Pérez consignado en el Periódico Oficial del Estado para sustentar los 411 millones de pesos de irregularidades que se le encontraron en su cuenta pública 2013, incluyen un probable daño patrimonial de más de 90 millones de pesos por ingresos que no fueron depositados en cuentas bancarias del municipio, cobros cancelados y falta de registro de otros ingresos.
De acuerdo con el decreto por el que el Congreso del Estado le autoriza a la Auditoría Superior del Estado iniciar el proceso contra el panista, publicado el pasado 4 de enero y cuya copia está en poder de CAMBIO, en total al yunquista le hicieron 52 observaciones en su cuenta pública correspondiente a 2013, cuyo monto asciende a 411 millones 698 mil 339 pesos.
En los documentos se precisa que del total, Eduardo Rivera ocasionó un daño patrimonial al municipio de Puebla por 93 millones 759 mil 39 pesos en recursos no comprobados en obra pública, contratación de servicios y cobros municipales.
DAÑO PATRIMONIAL
El desfalco más significativo y que representa el 97 por ciento del daño patrimonial que dejó Rivera Pérez a la capital poblana se registró en la Tesorería Municipal, a cargo de Manuel Janeiro, al no haber depositado y/o registrado en las cuentas del Ayuntamiento 90 millones 26 mil 711 pesos provenientes de la recaudación municipal.
Los más de 90 millones que el ex alcalde no ingresó a las arcas del municipio provenían de la recaudación de Predial, cobro por recolección de basura, licencias de funcionamiento, cobro de uso de espacios en mercados, licencias de construcción, permisos de publicidad, entre otras.
De este total, 72 millones 883 mil pesos corresponden a importes negativos de los meses de febrero, marzo, junio, noviembre y diciembre, en las que no remitió copia de las autorizaciones para cancelar documentos y registros de ingresos.
Además, la diferencia de 2 millones 680 mil pesos que resultaron de comprobar las cuentas de cobros con las que presentó en su respuesta al Pliego de Cargos que se le fincó en un principio.
Asimismo, destaca que hubo ingresos por 9 millones 66 mil pesos por permisos otorgados para la instalación de publicidad, en los que no se indica nombre de las empresas, importe recaudado, dirección del anuncio, costo por metro cuadrado, entre otros, quedando sin soporte la entrega de las autorizaciones a particulares en este rubro.
DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Las deficiencias administrativas en la cuenta pública de 2013 tan sólo en el rubro de obra pública y que en su mayoría fueron solventadas parcialmente por Eduardo Rivera, ascienden a los 208 millones de pesos, y destaca que la relaminación con concreto hidráulico de la Calzada Zavaleta, el camino a Tlaltenango y el programa de bacheo –del programa Cazabaches– del ex edil presentan pliegos de observaciones por más de 90 millones de pesos.
En las observaciones hechas a la obra de Camino a Tlaltenango entre la Autopista Puebla-Veracruz se detectaron diversas deficiencias técnicas por fisuras en la superficie construida, resultado de un recorrido realizado por dos ingenieros civiles y tres arquitectos.
Además, en la Calzada Zavaleta también fueron encontradas diversas irregularidades en la modernización de la carpeta asfáltica, así como en la remodelación de guarniciones.
Cabe destacar que apenas dos meses después de concluida e inaugurada la obra del camino a Tlaltepango, ésta presentó fisuras en la superficie de construcción, fallas que fueron reconocidas por el entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública (Sduop), Felipe Velázquez Gutiérrez.
De acuerdo con el documento, la administración de Eduardo Rivera tan sólo en 2013 presentó 25 irregularidades en obras de “bacheo con mezcla asfáltica en caliente” que se realizaron en diversas colonias de Puebla capital, que en conjunto arroja cerca de 30 millones de pesos en deficiencias administrativas que no fueron solventadas al cien por ciento por el yunquista que en diversas ocasiones, y respaldado por actores políticos nacionales, se ha tirado al piso para acusar una persecución en su contra.
CONTRATOS ASIGNADOS DE FORMA DIRECTA
Además, Eduardo Rivera Pérez asignó 14 contratos de manera directa para la adquisición de servicios o arrendamientos, en los que no entregó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) la documentación para justificar la adjudicación de dichos contratos tanto a personas morales, como físicas.
Esto implicó que se generara un daño patrimonial de 2 millones 887 mil 640 pesos, derivado de contratos celebrados para elaboración de diagnósticos técnicos realizados en diversas colonias de la capital, por la realización de servicios y estudios a programas sociales.
También hay contratos de diagnósticos sociales participativos en Unidades Habitacionales, así como entrega de fertilizantes y la adquisición de un predio en San Miguel Canoa por 700 mil pesos a favor de José Basilio García Zepeda.
Por otro lado, no se solventaron las observaciones por 854 mil 687 pesos por Trabajos de supervisión externa, técnica, topográfica, y control de calidad para obras en vialidades con concreto hidráulico en la 11 Norte-Sur en el tramo de la 20 Poniente hasta la 25 Poniente.
Conforme los reportes de laboratorio realizados a esta obra, el material utilizado y que fue analizado “no cumple con los requerimientos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes” en diversos tramos seleccionados aleatoriamente.
MALOS MANEJOS DE RECURSOS FEDERALES
Rivera Pérez también presentó deficiencias administrativas en el manejo de los recursos de origen federal provenientes de las aportaciones hechas por el Gobierno de la República, pues la Auditoría encontró fallas en la fiscalización de los recursos provenientes del Subsemun y Habitat por 79 millones 796 mil 615 pesos.
De este monto, en la mayoría de los casos no fueron remitidos completamente los expedientes mediante los cuales se suscribían los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública municipal, proveniente de la aportación del Subsemun.
