En los municipios de Ahuacatlán, Tepatlán y Tlapacoya, en la Sierra Norte, el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa en Puebla confirmó la suspensión de la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1, el cual pretenden llevar a cabo las empresas Deselec 1 y Comexhidro, reporta UN1ÓN.
Se trata de una pequeña victoria de indígenas nahuas y tutunakús de los municipios mencionados, quienes aseguraron que seguirán luchando para que este proyecto de infraestructura no se lleve a cabo, pues significa la desviación del Río Ajalpan que traería como consecuencia que ya no haya agua para cultivos, fin de la pesca y destrucción del entorno ecológico.
De acuerdo con el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, “Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1”, tiene el objetivo de generar electricidad para Walmart y otras socias de la empresa.
Las comunidades de San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec interpusieron el 4 de abril de este año una demanda de amparo en contra del proyecto hidroeléctrico, que fue admitida por el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en Puebla.
El juez mandató la suspensión inmediata de la ejecución del proyecto en tanto se dicta sentencia en el juicio de amparo. La suspensión fue impugnada por la empresa, pero perdió y quedó firme la obligación de cumplirla.
Para el 2 de mayo la empresa presentó un recurso de impugnación ante esta resolución judicial, sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa en Puebla confirmó la suspensión concedida por el juez, con lo que quedó firme la obligación de cumplirla.
Los indígenas han denunciado que el estado ha lanzado una campaña mediática en contra del movimiento que se opone a la presa. “Jacobo Mekler, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro) y director comercial de Comexhidro, nos acusó de obstaculizar las inversiones para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, eólicos y solares. Estamos inquietos porque se niega nuestra garantía de acceso a la justicia y es una amenaza contra la independencia judicial”, dijeron.
