Un nuevo estudio realizado por la organización “Dale la cara al Atoyac” revela que la contaminación del río, que cruza Tlaxcala y Puebla, continúa siendo extrema y que las plantas de tratamiento de los municipios aledaños, que pueden disminuir la peligrosidad de las aguas residuales, no funcionan prácticamente desde que fueron inauguradas.
El pasado 15 de marzo MILENIO publicó que las condiciones del río son alarmantes por colorantes, sustancias químicas y basura que provienen de al menos tres mil 500 empresas, drenajes y de la población, lo que ha provocado que el cauce sea considerado como uno de los más contaminados del país, y que se relacione con enfermedades como la leucemia y el cáncer.
“Ampliamos los monitoreos a la periferia y llegamos hasta San Martín, del municipio de Huejotzingo, y entrando al lago. Hay demasiada contaminación por la mezcla de componentes de todo de la industria farmacéutica, textil, metal-mecánica, es una mezcla demasiado explosiva”, aseguró la representante de la organización, Verónica Mastretta, quien habita una casa ubicada a 30 metros del río, en la ciudad de Puebla.
“Nos hemos encontrado con plantas recién remodeladas, en 2014, inmensas, con instalaciones impactantes, que fueron apagadas un mes después por no tener dinero para pagar la luz”, agregó.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de las 144 plantas de tratamiento que hay en el Puebla, actualmente opera 50 por ciento de ellas, por lo que los resultados del nuevo estudio, aseguró Mastretta, son similares a la investigación realizada en diciembre pasado, ya que no fueron reactivadas.
El estudio, a cargo de la empresa Sistemas de Ingeniería Ambiental, especifica que aunque la Declaratoria de Clasificación para los ríos Atoyac-Xochiac y sus Afluentes determina los límites de varios elementos contaminantes, las evidencias arrojan que en el Atoyac las bacterias fecales son mayores en 2 mil 400 por ciento de lo recomendado; en más de siete veces las grasas y los aceites; la presencia de color es cinco veces mayor, y los sólidos disueltos son el doble de los permitidos.
También se detectó una fuerte concentración de metales pesados como cobre, zinc, aluminio, manganeso y fierro, entre otros.
En un recorrido realizado por MILENIO en varios puntos de la zona, representantes del sector empresarial alzaron la voz para deslindarse de las acusaciones hechas por
funcionarios, y el delegado de la Conagua, Germán Sierra, quien ha señalado que los colorantes provienen básicamente de empresas textiles.
El director de Hilaturas Los Ángeles, Alfonso Ventura, sostuvo durante una visita a su fábrica, ubicada sobre la carretera antigua a Tlaxcala, que “desde hace 20 años puedo ver cómo ese riachuelo (a un costado de sus instalaciones y que llega al río Atoyac) pasa de diferentes colores: rojo, verde, azul, café, negro; a determinadas horas pasan olores a químicos insoportables de respirar.
“Trabajamos procesos secos y casi no usamos el agua. Aprovechamos la de la lluvia y la recolectamos, y nuestras descargas son mínimas”, aseguró Ventura mientras caminaba por su complejo industrial, donde a pesar de la lluvia que cayó aún se percibía un olor similar al del tinte de cabello.
Por esta problemática, la Unidad Especializada contra Delitos Ambientales y Previstos en Leyes Especiales, adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR, ya abrió dos carpetas de investigación contra una empresa ubicada en el Parque Industrial Resurrección, en Puebla, por descargas ilegales, otra por la misma razón contra una persona moral y de la cual no se dio el nombre.
En entrevista, Victor Fayad, titular de esta unidad de la PGR, dijo que también “inició una tercera carpeta desde hace aproximadamente un mes, luego de la denuncia de la senadora Silvia Garza, “y vamos a todo vapor”, aseguró. Estamos a la espera de que algunas otras instancias de gobierno nos contesten, pero mientras ya se hacen diligencias en el río”.
Afirmó que se impondrá una pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa a quien ilícitamente descargue, deposite o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en ríos de competencia federal.
