Milenio informa que por el delito de peculado, la Fiscalía General del Estado de Puebla consignó ante un juez penal una investigación en contra de la ex titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública de la administración del ex gobernador Mario Marín, Lourdes Nares Rodríguez, y al representante de la empresa AISA S. A. de C. V. por irregularidades en el proyecto de rehabilitación de los juzgados penales que estaban ubicados a un costado del penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla, obra que no se llevó a cabo, pero a la que se destinaron 21 millones de pesos.

La investigación inició desde 2012 cuando la recién llegada administración del gobernador Rafael Moreno Valle detectó que en enero de 2011 —últimos días de la administración de Mario Marín— el Consejo Estatal de Seguridad Pública, a cargo de Nares Rodríguez, se firmó el contrato CECSNSP-OPPA-020/2010 con la empresa AISA de Puebla, para la rehabilitación de los juzgados penales que tendría una inversión de 70 millones de pesos.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública entregó la obra a AISA por adjudicación directa y le entregó un cheque por la cantidad de 21 millones de pesos equivalente al 30 por ciento de la obra— para el inició de los trabajos en su primera etapa que sería el lugar en donde se llevarían cabo los juicios orales.

Una de las primeras acciones que la empresa debía realizar era la demolición del inmueble— que fue desalojado desde noviembre de 2009 a consecuencias de daños estructurales y la causa del contrato para su rehabilitación—; sin embargo, para enero del 2012 el lugar seguía intacto.

Ante las irregularidades, la administración estatal dio por terminado el contrato, pero la empresa, por medio de un amparo, logró alargar el proceso por varios años el conflicto legal.

A la par, la entonces Procuraduría General de Justicia inició la averiguación previa 56/2012/DMZS en la que se estableció que a la empresa se le entregó por adjudicación directa la obra sin tener un proyecto ejecutivo, tampoco se hicieron los trámites correspondientes ante las autoridades municipales para el inicio de la obra y tampoco se dio parte a la Secretaria de Obra Pública para que se hiciera la supervisión de los trabajos.

El departamento jurídico presentó documentos en los que se presume hubo una triangulación de cuentas bancarias a las que se depositaron los 21 millones de pesos y en las que aparece Lourdes Nares.

Las investigaciones siguieron su curso y en los primeros días de febrero la Fiscalía General de Justicia consignó ante un juez penal la averiguación previa

56/2012/DMZS que ahora está bajo estudio para determinar la situación legal de los imputados, entre ellos Lourdes Nares Rodríguez y los representantes legales de la empresa.

Cabe señalar que el 14 de enero pasado el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, inauguró la Casa de Justicia de la ciudad de Puebla que se tuvo que construir en la 11 Sur y la 147 Poniente, en su mensaje señaló que cuando recibió el gobierno no se había hecho nada para la implementación del Sistema Penal Acusatorio:

"Concretamente aquí en el estado de Puebla cuando llegue al gobierno del estado en 2011 no se había hecho absolutamente nada y lo peor es que el presupuesto del 2011 se había aprobado en el 2010 cuando yo todavía no era gobernador, era gobernador electo, y no había ni un peso presupuestado para la implementación de este sistema".

Cabe señalar que son diferentes irregularidades en contra de Lourdes Nares Rodríguez durante su paso por el Consejo Estatal de Seguridad Pública que incluso en marzo de 2014 en el Congreso del estado se inició un procedimiento de inhabilitación en su contra, además de una investigación en la Auditoria Superior del Estado (21/2012) por el que la ex funcionaria ha solicitado varios amparos.

Fuente: http://www.milenio.com/estados/Inicia-Consejo-Estatal-Seguridad-Puebla_0_683931690.html