De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX) que este miércoles presentó la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), México tiene un promedio nacional de 75.70, en una escala en la que la máxima impunidad se califica con 100 puntos. El IGI analiza la información de los 193 Estados miembros de la ONU y otros 14 territorios que generan información estadística comparable.

De los 193 miembros de la ONU, solamente 59 países fueron incluidos en los resultados por haber contado con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. De este total, México ocupa el lugar 58 en materia de impunidad, solo por debajo de Filipinas. 

El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la UDLAP toma en cuenta 17 indicadores de seguridad pública, gobierno e impartición de justicia para elaborar el índice, y en el caso de México concluye que el origen de la impunidad está en los estados; sólo Campeche y Nayarit tienen niveles bajos de impunidad, por su parte San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas un grado medio, mientras que el resto de las entidades están en el rubro de alta o muy alta impunidad. 

El análisis concluyó que el caso de Michoacán resulta extraño, dado que las investigación no refleja el verdadero grado de impunidad que permea en la entidad, por lo que se mantiene que los datos obtenidos sobre el estado que gobierna Silvano Aureoles no son confiables. 

De los 59 países analizados, el IGI informa que en el caso de México la impunidad está directamente relacionada con la corrupción y el estado de derecho, pero por otra parte, “no se encontró alguna correlación significativa entre el IGI-MEX e indicadores de pobreza, producto interno bruto y desigualdad, lo cual hasta cierto punto es esperado dada la impunidad generalizada que prevalece en el país, es decir, independientemente de las condiciones sociales o económicas locales, la impunidad existe”, cita el reporte de la UDLAP.

Si se toman en cuenta los delitos consumados, más la cifra negra, y aquellos no denunciados, el estudio del CCSJ concluye que existe una “impunidad simple y llana” en el país. Entre las cifras más relevantes que reflejan esta impunidad se encuentran:

- De un promedio de 17 jueces por cada 100 mil habitantes, México cuenta con tan solo 4 jueces por cada 100 mil habitantes

- Menos del 1 por ciento de los delitos son castigado.

- El 46 por ciento de la población detenida, se encuentra así sin sentencia.

A partir del estudio, presentado el miércoles por el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la UDLAP y por el Lic. Andrea Ambrogi Domínguez, Presidente del CCSJ, se puede definir que en México existen dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia. 

 Por esta razón es primordial que México tenga más jueces dentro del sistema de justicia, y por el contrario, no se requiere de más inversión para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones. 

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