Al no investigar presuntas irregularidades financieras de la fundación Mary Street Jenkins, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del estado incumple su deber, dijo a El Sol de Puebla Carlos Serna Rodríguez, abogado de Guillermo Jenkins de Landa.
La junta alegó el pasado 13 de enero que no es "competente para pronunciarse" sobre el supuesto mal manejo de fondos que habría realizado, siempre según las acusaciones vertidas por Jenkins de Landa, la fundación creada por William O. Jenkins.
El organismo, presidido por el ex consejero del Instituto Electoral del estado, José Gustavo Garmendia Domínguez, respondió así a la denuncia presentada por primera vez el pasado marzo por Jenkins de Landa. "Es evidente que las pretensiones del solicitante -declarar ilegales las operaciones financieras realizadas por la fundación- únicamente pueden ser alcanzadas a través de los procedimientos judiciales y respecto a los cuales esta Junta de Asistencia no tiene competencia", señaló por escrito.
La junta, a la que pertenecen también, entre otros, Federico Bautista Alonso, ex titular de la Secretaría de Obras Públicas, durante el sexenio de Melquiades Morales, y Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, indicó que corresponde a una autoridad judicial, y no administrativa, dirimir el asunto.
Serna Rodríguez mantuvo, sin embargo, que la junta está rehuyendo sus facultades. "¿Y si te llamas junta para el cuidado, qué cuidas?", se preguntó ayer en entrevista con El Sol de Puebla, citando la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado Libre y Soberano de Puebla.
Recurrirán judicialmente
El artículo 93 de dicha legislación refiere que la junta "podrá ordenar todas las visitas, auditorías e inspecciones que sean necesarias para comprobar si los objetivos de las Instituciones están siendo realizados y si se cumple con los preceptos de esta Ley".
"Una autoridad que tiene facultades de sanción, como es el caso de la junta, necesariamente tiene facultades para declarar que algo es ilegal. ¿Cómo sancionas a alguien si no viene precedido de, como hiciste esto mal te pongo esta multa?", argumentó el letrado.
Entre "seis meses y un año" retrasará, estimó, esta postura de la junta el reclamo de Jenkins de Landa, ya que deberá ser recurrida ante tribunales federales. El ex miembro de la fundación Mary Street Jenkins acusó al actual Patronato de donar en 2014, en contra de los estatutos de la propia institución, 228.8 millones de dólares, un 98 por ciento de los recursos "en efectivo" que poseería.
Empleados de la fundación evitaron realizar ningún comentario ante estas imputaciones, argumentando ayer a El Sol de Puebla que no se encontraba ningún responsable en las oficinas que pudiera ofrecer una respuesta adecuada.
Fuente: http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n4059090.htm
