El columnista Alberto Aguilar reveló este jueves un litigio que involucra a la empresa automotriz Volkswagen y cuyo largo proceso en los tribunales no contribuye para nada a mejorar su imagen, después de darse a conocer la alteración mediante un software el control de emisiones para lo que hace a vehículos con motores diesel.
El juicio se remonta al 12 de marzo del 2003 cuando el abogado Ignacio Nieto Kasusky demandó a la subsidiaria VW Financial Services por incumplir un contrato de prestación de servicios profesionales que se firmó en noviembre de 1996.
La encomienda del profesional tenía que ver con la recuperación de cartera. En el ínter el demandante murió y auténticamente en el lecho de su muerte pidió al entonces su jefe, el también abogado, César García Méndez que tomara el asunto para recuperar el pendiente que recibiría su viuda María de los Dolores Gómez Iglesias.
El encargo resultó mucho más difícil de ejecutar de lo que parecía, y así lo constata el tiempo transcurrido.
Fue necesario llegar a un tribunal para que en agosto del 2006 se condenara a VW Financial Services a pagar. Luego se debió remontar un juicio de amparo y más tarde un recurso de revisión que no prosperó.
Así que la sentencia de liquidación de 8 millones 101 mil 896 pesos, quedó firme, o sea que es irrecurrible.
Sin embargo VW Financial Services entonces a cargo de Robert Lüffler buscó otros caminos y optó por cuestionar el legado de Nieto a su esposa, mismo que se había hecho ante notario público.
Tras una innumerable cantidad de diligencias el 8 de noviembre del 2012 un juez reconoció a Gómez Iglesias su calidad de albacea y heredera universal de su marido.
Ya con Jörg Pape al frente de la firma, en todos estos años se han interpuesto otros recursos que no han prosperado.
El golpe más fuerte fue la desaparición de VW Financial Services como empresa. Esta se encajó en VW Bank y sólo se conserva la marca, que es la que da la cara al público para financiar los autos que vende la red.
Ya no había a quien cobrar y por si fuera poco los folios de dicha firma en el Registro Público de la Propiedad de Puebla “desaparecieron”.
Obviamente han fracasado los intentos de embargo porque no hay bienes, ni cuentas bancarias y tampoco la intención de pagar.
Ahora y como cereza del pastel el representante legal de la firma Eduardo Herrera Solano presentó contra la viuda, hoy de 70 años de edad, una denuncia penal por un supuesto fraude procesal.
La Procuraduría de Puebla dio entrada y tramitó el recurso que se desahoga, sin que esto afecte la sentencia vinculada al pago pendiente.
Con lo penal hay propuestas conciliatorias que no han prosperado, ya que los ofrecimientos son ridículos.
Como quiera el asunto ilustra una vez más la impunidad que prevalece en el país y que aprovechan algunas multinacionales, apartándose de la ética que demanda su casa matriz.
